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Belarra cede y acepta la exclusión puntual de los perros de caza de la ley animal


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Después de que el PSOE presentara tras el verano una polémica enmienda al proyecto de ley animal para excluir a los perros de caza, el Ministerio de Derechos Sociales que preside Ione Belarra ha acabado por ceder en parte a las exigencias del grupo socialista para evitar, ha dicho, que la futura norma sea tumbada en el Parlamento.

La ministra Ione Belarra ha explicado que la propuesta que acaba de plantear su Departamento a los grupos para excluir a los perros de caza de la ley animal mientras practican la actividad cinegética no es el mejor modelo de protección, admite, pero es "urgente que la ley pueda ser aprobada" en el Congreso y no tumbada definitivamente.

Ante el riesgo de que finalmente no saliera adelante el proyecto de ley animal, "hemos decidido proponer a los grupos parlamentarios que adoptemos el modelo de protección animal de la Ley de Castilla-La Mancha en esta cuestión", ha explicado este miércoles la ministra impulsora de esta iniciativa en un vídeo en Twitter.

Dicha normativa se trata de una ley aprobada en 2020 bajo el Gobierno de Emiliano García-Page que excluye a los perros de caza únicamente durante la propia actividad cinegética. Igualmente, nadie podrá abandonar, maltratar o descartar perros de caza, recuerda la ministra.

"Es evidente que no es nuestro modelo ideal, pero es urgente que la ley pueda ser aprobada en el Congreso por una mayoría de los grupos, para empezar a terminar con la impunidad de maltratadores, como quienes ahogan una cría de jabalí o queman vivo un zorro", ha asegurado la ministra.

A pesar del acuerdo inicial en el seno del Gobierno sobre el texto de la norma, el grupo socialista presentó posteriormente una enmienda para excluir de la ley a los perros de caza, algo que, según Belarra, "amenaza con tumbar la ley definitivamente".

Ante ese riesgo, y dado que la tramitación estaba encallada en el Congreso, ha recordado, "hemos decidido proponer a los grupos parlamentarios que adoptemos el modelo de protección animal de la Ley de Castilla-La Mancha en esta cuestión".

La ministra ha recordado que el ministerio que dirige es el responsable de impulsar la que será "la primera ley de derechos animales de la historia de nuestro país", con el objetivo de "acabar con la impunidad de los maltratadores de animales y con el abandono animal.

Pero más allá del carácter pionero de esta norma, se trata de un proyecto de ley envuelto en una gran polémica desde sus inicios, con fricciones no solo en el seno del Gobierno, sino también a nivel jurídico, económico y social.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, uno de los más críticos contra el proyecto de ley impulsado por Ione Belarra, de Unidas Podemos, por las consecuencias para el sector cinegético, ha valorado que finalmente este Ministerio haya "movido ficha cuando rechazaba de plano esta posibilidad".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa a preguntas de los periodistas la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, quien ha valorado hoy el paso político, este "avance", aunque ha admitido que desconoce la redacción de la propuesta, ni si despejará la preocupación del Ejecutivo regional.

Ha recordado que el sector de la caza tiene que tener una regulación específica y los perros de caza deben disponer de "una serie de condiciones" diferentes a los domésticos.

Por su parte el sector cinegético ha declinado acudir a una reunión convocada para este miércoles por la Dirección General de Derechos de los Animales a la que habían sido llamados con 36 horas de antelación, en pleno puente, sin orden del día, ni información sobre asistentes ni temas a tratar.

Según, la Real Federación Española de Caza (RFEC), la Oficina Nacional de la Caza (ONC), Fundación Artemisan y Asiccaza carece de sentido acudir a la cita, cuando "ya no hay posibilidad de mejora de unas normas que acarrearán consecuencias nefastas" para el sector.

En su opinión, esta convocatoria es una "maniobra política" a la que "no se prestarán", han dicho, porque ese Departamento del Gobierno lo que trata es de "limpiar la imagen" de una tramitación oscura y sin rigor (en relación al proyecto de ley animal y el del Código penal en lo relativo al maltrato animal) , "que afectará a millones de personas y que no ha tenido en cuenta a los afectados".