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Interior sobre los apoyos a los presupuestos: “Seguiremos aplicando la ley con los etarras”


El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha rechazado este martes que el Gobierno haya negociado el apoyo de los presupuestos con EH Bildu a cambio de los acercamientos de presos etarras y ha dejado claro que el Estado "seguirá aplicando la ley".

"Nadie puede albergar duda de que el Estado no va a aplicar la ley. La aplicación de la ley y solo la ley fue la herramienta que llevó a la derrota de ETA y es la misma que se sigue aplicando", ha dicho el número dos de Interior en la comisión donde ha desgranado los presupuestos del departamento.

Una comparecencia en la que PP, Vox y Ciudadanos han coincidido en acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de lograr sacar adelante sus cuentas para 2022 por las cesiones ante Bildu con el acercamiento de los presos etarras a cárceles vascas y la transferencia de prisiones.

"Estos presupuestos llevan el sello de ETA", ha dicho la portavoz de Vox, Macarena Olona, en tanto que la del PP, Ana Vázquez, ha opinado que el supuesto acuerdo con Bildu "es lo peor" que se ha visto en democracia.

"Son unos presupuestos para poner en libertad a los presos y eso es fácil porque ya hay 68 en el País Vasco y ya pueden ponerlos en libertad el Gobierno vasco", ha apuntado.

Desde Ciudadanos, también el diputado Miguel Gutiérrez ha expresado que votarán en contra de estos presupuestos. "Piden que les apoyemos y así no es posible".

Tras negar esta contrapartida, el número dos de Interior ha sido claro al defender el "respeto" que se debe tener con la representación parlamentaria, pues en el Congreso "se expresa la voluntad del pueblo en toda su extensión".

Fuera de esta polémica, Pérez ha defendido el incremento de 4,7 por ciento del presupuesto al que se va a dotar la política de seguridad ciudadana e Instituciones Penitenciarias, con una partida prevista de más de 10.000 millones para 2022.

Entre las partidas de gasto el secretario de Estado ha destacado una inversión de 82 millones en la adquisición de helicópteros para la Policía Nacional, los 20 millones para la compra de nuevos vehículos en la Guardia Civil o los 10,8 millones para el plan de lucha contra el narcotráfico para el Campo de Gibraltar.

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