El 19 de mayo se ha difundió un sorprendente comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura (en adelante APM) que parecía dirigido a sus afiliados dónde les instaba a renunciar a la subida retributiva que han pactado otras asociaciones de las carreras judicial y fiscal con el Ministerio de Justicia, acuerdo “que consideramos insuficiente, indigno e inaceptable”. Además, el comunicado se refería a “la complicidad y el beneplácito de otras asociaciones judiciales” que han pactado con el Ministerio. No se ha confirmado que este comunicado fuera verídico y más bien parece una fake news dirigida a enturbiar un acuerdo útil para las carreras judicial y fiscal, pues una cosa es que una asociación judicial discrepe del acuerdo y otra que proponga algo que es simplemente ilegal.

El pasado 11 de mayo se conoció que el Partido Popular volvía a condicionar la renovación del Consejo General del Poder (en lo sucesivo CGPJ) a que PREVIAMENTE se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los doce Vocales del CGPJ sean elegidos exclusivamente por los Jueces y Magistrados, sin intervención parlamentaria. La noticia no era casual porque en el Pleno del Congreso de los Diputados de ayer 16 de mayo se debatió una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular que propugnaba el cambio de elección de los Vocales judiciales del CGPJ en el mismo sentido, es decir, elegidos exclusivamente por los miembros de la carrera judicial.

Los resultados de las elecciones al Consejo Constitucional chileno, el órgano que debe redactar un proyecto de Constitución, no pueden haber sido más desastrosos por el triunfo de la extrema derecha y de la derecha frente a una exigua izquierda: sólo 16 consejeros de izquierdas frente a 34 consejeros de todas las derechas, con predominio de los pinochetistas.

Desde que el Partido Popular intentó derribar al Presidente del Gobierno durante la pandemia, la derecha desacredita al Gobierno con un argumento que ya se ha convertido en una consigna de agit-prop: el Gobierno socialcomunista ha establecido un régimen autoritario, cuasi bolivariano, y para ello ha “ocupado” los órganos y las instituciones. En realidad, esta consigna, que se repite en la prensa de derechas y ha llegado incluso a libros donde escribe lo más florido de la caverna, es la reacción contra la aplicación de la Constitución. Por eso la guerra a muerte para impedir la renovación, más que tardía, del Tribunal Constitucional y por eso el continuo boicot a la elección del nuevo Consejo General del Poder Judicial (en lo sucesivo CGPJ). Y por eso también la curiosa proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular del Congreso destinada a impedir que el Gobierno elija libremente al Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, que el Congreso no tomó en consideración hace pocos días.

La política, al menos desde que en la Grecia antigua se tomó conciencia de la necesidad de gestionar la vida social con una perspectiva colectiva, consiste en diseñar acciones que mejoren la vida de las personas. Y el juego político en democracia se basa en ofrecer al ciudadano distintos programas de gobierno para que éste elija en las elecciones el que más se acomode a sus intereses. Ese juego interesa por igual a los gobernantes y a los partidos de la oposición, porque el futuro está abierto y el ciudadano debe formar sus juicios de valor sobre lo que ha hecho hasta entonces el gobernante, sobre lo que éste ofrece para el futuro y sobre las alternativas que los partidos de la oposición se comprometen a aplicar. Esta idea tan simple no parece que hoy rija en España porque, como se ha visto en el debate celebrado en el Senado el martes 25 de abril entre el Presidente del Gobierno y el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, el principal partido de la oposición conservadora sigue sin atreverse a ofrecer a los ciudadanos un programa de gobierno.

Se dice que Mariano Rajoy ha comentado respecto a Núñez Feijóo que es el momento de estar callados. Sea o no verdad este rumor sobre el antiguo Presidente del Gobierno, la sensación que se tiene es que no va desencaminado. Núñez Feijóo habla mucho y, en términos coloquiales, parece que mete mucho la pata. La semana del 20 al 26 de marzo, con una prolongación al día 27, es indicativa de esta verborrea del presidente del Partido Popular.

Para explicar cuál es la función del jurista, el filósofo del Derecho Luis Recasens Siches escribió que el jurista tiene que indagar la norma aplicable a cada situación, encontrar el precepto que se refiere a la materia en la que trabaja y, una vez hallada la norma, debe entenderla, es decir, interpretar lo que dice y las consecuencias implícitas que contiene (Luis Recasens Siches: Tratado General de Filosofía del Derecho, México, D. F., 1988, pág. 1). Esta labor de identificar la norma y el precepto aplicables, interpretarlo y sacar las consecuencias del mismo merece recordarse a propósito de la moción de censura presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario de Vox, que lleva como candidato alternativo a Ramón Tamames y que se debatirá los próximos días 21 y 22 de este mes de marzo.

Si Karl Marx y Max Weber son considerados padres de la Sociología es porque, ambos, cada uno en su época, tuvieron la clarividencia de describir el modo de producción capitalista. En El capital y en algunos capítulos de Economía y sociedad, Marx y Weber analizaron la esencia de ese modo de producción que ya en el siglo XIX era dominante en Europa y en América. Así, Weber describió la explotación lucrativa de mercado como aquella actividad orientada de modo continuado por las posibilidades del propio mercado en la medida en que empleando bienes como medios lucrativos puede obtener dinero mediante la producción y venta de bienes solicitados o mediante la oferta de servicios (Economía y sociedad. México, D. F, 1979, pág. 75). Y a su vez debemos a Hans Kelsen el haber despojado el análisis jurídico de connotaciones morales para dejarlo en una tarea ajena a lo axiológico.

Después de varias semanas de incertidumbre, Vox ha presentado por fin su moción de censura contra el presidente Sánchez, que incluye como candidato a Ramón Tamames. Una moción de censura, como las anteriores que ya vimos (salvo la que dio la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez) presentada para ser rechazada por el Congreso de los Diputados. ¿Qué pretende Vox con esta maniobra?

Esta semana cumple un año la agresión rusa contra Ucrania. Un año en que han muerto miles de civiles ucranianos y otros miles han quedado heridos o mutilados. Un año de destrozos en las viviendas, en los servicios públicos y en las infraestructuras ucranianas que han arrebatado a muchas personas los bienes que constituyen los referentes materiales de su existencia. Y en Rusia han necesitado miles de muertos y de heridos para avanzar muy poco en el territorio que Putin pretendía conquistar, como hizo Brezhnev en 1968 en Checoslovaquia. A pesar de estar atascado (o quizá por), Putin ha practicado una huida hacia adelante propia de los animales acorralados en el discurso pronunciado el 21 de febrero sobre el estado de Rusia, al acusar de agresión a Estados Unidos y al denunciar los Tratados internacionales sobre proliferación nuclear suscritos por la Federación Rusa. Putin ha fracasado en su agresión, pero no puede dar marcha atrás porque estaría reconociendo su derrota. Y como buen bolchevique no le importa sacrificar a miles de ciudadanos y arruinar la economía rusa. Cualquier cosa antes que aceptar el fracaso.

La idea de la política no es unánime, sino todo lo contrario. Decía Maurice Duverger que el término “política”, a diferencia del término “sociología”, es muy antiguo y pertenece al vocabulario usual por lo que se ha convertido en un término vago (Sociología política, Barcelona, 1970, pág. 21). Pero esa vaguedad puede comportar una visión positiva de la política o, por el contrario, puede conllevar un desvalor. En los regímenes autoritarios la política suele concebirse como un desvalor porque no se desea que el ciudadano participe en la política, que se restringe a los gobernantes. En cambio, en democracia la política comporta una visión positiva porque se sabe que a través de la política y de los políticos la ciudadanía concurre a gestionar su vida colectiva. En las dictaduras, la política (y sus sujetos, los políticos) es objeto de repulsión en tanto que en democracia la política y los políticos se consideran beneficiosos para la gestión de los asuntos colectivos.

Para un político profesional, alcanzar la máxima dirección del principal partido de la oposición es un éxito del que uno se puede sentir orgulloso y satisfecho. Núñez Feijóo tiene motivos para sentirse orgulloso y satisfecho por haber sido elegido para presidir su partido, pero esa satisfacción probablemente se va reduciendo cada vez más, a medida que transcurren los días, porque desde su elección no hay semana que no sufra un tropiezo serio, es decir un tropiezo de los que reducen la imagen vencedora del Presidente del Partido Popular.

Hace tiempo que aquí venimos comentando que las derechas españolas no saben ser ni estar en la oposición. Las derechas españolas están tan imbuidas de un derecho natural a gobernar la sociedad, que estar en la oposición les desquicia y les impide el ejercicio democrático de la alternancia, que rechazan por considerar que los Gobiernos de izquierda son ilegítimos. Lo hicieron en el siglo XIX (1814, 1823, 1843, 1856, etc.) y en el siglo XX cuando se proclamó la Segunda República y lo practicaron asimismo Aznar y Rajoy frente a González y a Rodríguez Zapatero. Me temo que esa mentalidad no va a cambiar en mucho tiempo y que cada vez que gobierne la izquierda las diversas derechas se pondrán en pie de guerra para desalojarla del Gobierno lo antes posible. Evidentemente, esta actitud de las derechas españolas no respeta el principio de alternancia, que es una de los fundamentos de la democracia. Pero, vista la historia de las derechas españolas desde el siglo XIX, no se puede decir que la democracia sea el principio político que más aprecian.

Desde hace varios años la dirección de las grandes instituciones culturales, como son ciertos museos relevantes, ha sido oscuro objeto de deseo. A principios de este siglo se inició en España una operación destinada a arrebatar al Gobierno y a la Administración el control de los grandes museos. La fórmula: exigir que la provisión de la dirección de estos grandes museos no correspondiera al Gobierno (que dirige la política interior como establece el artículo 97 de la Constitución), sino a una comisión de “expertos independientes”. Además, la selección de director no debía hacerse por un periodo de tiempo indefinido, sino con plazos determinados. Eso es lo que a principios de siglo empezó a denominarse en el mundo de la Cultura el “código de buenas prácticas”. Era una operación muy bien pensada por parte del lobby de directores de museos privados y de algunas galerías de arte para imponer sus candidatos al Gobierno y para sacar a los grandes museos de la dirección del Gobierno que, no se sabe por qué, tenía que renunciar a la dirección de grandes centros culturales, aunque fuera responsable de los mismos ante el Parlamento.

En las ciencias sociales la invención de conceptos y categorías es siempre arriesgada por lo que puede tener de banalización o simplificación de realidades complejas. En la actualidad tenemos el concepto de “trumpismo” que empieza a aparecer en los medios de comunicación y que está conectado a ciertas conductas del anterior Presidente estadounidense Donald Trump. Sin pretender convertirlo en categoría científica, el trumpismo (podemos quitarle las comillas) puede ayudar a entender algunos fenómenos políticos relativamente nuevos que han aparecido en Estados Unidos durante la Presidencia de Trump y, sobre todo (como veremos a continuación), tras su derrota electoral en noviembre de 2020. A nuestro entender, el fenómeno del trumpismo está saliendo de Estados Unidos y se está extendiendo por el resto del continente americano y también, con otros rasgos, por Europa.

La propuesta que ha formulado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) viene a desbloquear la renovación de cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional que estaba pendiente desde junio de este año. La renovación propuesta por el CGPJ era una exigencia del actual Presidente del Tribunal Constitucional para acceder a la renovación de los Magistrados que designa el Gobierno, propuesta que hizo el Consejo de Ministros a finales del pasado noviembre y que el todavía Presidente del Tribunal se había negado a tramitar. Más abajo nos referiremos al trasfondo “trumpista” de la negativa a renovar los Magistrados del Tribunal Constitucional, pero ahora conviene glosar el acuerdo del CGPJ de 27 de diciembre.

La decisión final del Tribunal Constitucional que prohíbe al Senado tramitar las enmiendas relativas al modo de elección del propio Tribunal Constitucional que fueron incorporadas a la proposición de ley de reforma del Código Penal es, como se ha destacado por parte de juristas y políticos, una quiebra al sistema de separación de órganos constitucionales que caracteriza a nuestra Constitución. Nos vamos a limitar aquí a enumerar las gravísimas infracciones jurídicas que ha cometido el que tendría que ser el defensor de la Constitución pues incorporamos a esta edición de Sistema Digital varios trabajos de buenos especialistas y nosotros mismos ya lo hemos publicado en días anteriores (Javier García Fernández: “La reforma del modo de elección del Tribunal Constitucional” y“¡¡¡¡Última hora!!!! Nueva táctica del Partido Popular: el salto al Congreso”, Sistema Digital, 14 y 16 de diciembre de 2022; y “La desestabilización constitucional de España”, El País, 19 de diciembre de 2022).

Al socaire de la tramitación de la proposición de ley socialista y de Unidas-Podemos para la trasposición de Directivas europeas y para la adaptación de la legislación penal a la ordenamiento de la Unión Europea, los Grupos Parlamentarios proponentes han presentado una enmienda para desbloquear la elección de Magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Gobierno, elección que la derecha política y judicial, con apoyo del Presidente del Tribunal Constitucional, está obstaculizando desde junio de este año (Javier García Fernández: “¿Quién incumple la Constitución?”, Sistema Digital, 9 de diciembre de 2022).