La ley universitaria sortea su primer escollo en el Congreso

El Pleno de la Cámara Baja ha tumbado las enmiendas a la totalidad presentadas por estos tres grupos parlamentarios a la reforma universitaria por 193 votos en contra, 148 votos a favor y una abstención.

Sus respectivos portavoces se han centrado en lo que consideran una inadecuada financiación, en que no se sientan las bases para modernizar el sistema universitario y en el marco competencial.

Durante la defensa de su proyecto, el ministro de Universidades, Joan Subirats, ha señalado que "el dilema" actual es el de avanzar con la ayuda de los grupos parlamentarios en una nueva norma para "una universidad que mire al futuro" o "quedarnos anclados".

A su juicio, la normativa actualmente vigente no responde ya a las necesidades "ni del sistema universitario en su conjunto que se ha transformado enormemente en estos 20 años" ni a las necesidades sociales frente a las que la Universidad puede ser "un aliado".

Se necesita, ha dicho, una Universidad accesible a todos los ciudadanos y al servicio de la sociedad; suficientemente financiada; que ponga la calidad de la docencia al mismo nivel que el de la investigación, cuyas plantillas gocen de condiciones laborales "dignas" que permitan la renovación ante "el relevo generacional al que estamos abocados en un breve tiempo".

Ha recordado que la LOSU fija el compromiso de un mínimo del 1 % del PIB dedicado a universidades y contempla medidas para revertir la precariedad laboral.

Durante la defensa de su enmienda de devolución, la diputada de Junts per Catalunya Mariona Illamona ha explicado que su iniciativa no debe interpretarse como algo negativo, pues es una "herramienta parlamentaria para la negociación" y no impide seguir consensuando el texto posteriormente.

Ha añadido que una ley de carácter estatal "solo debe determinar lo esencial" y no regular, por ejemplo, la eliminación de los grados de tres años de duración y la política del profesorado.

Además ha criticado que la LOSU imponga muchos cambios a las comunidades, pero "¿cómo se van a pagar? ¿De dónde van a salir los recursos?", se ha preguntado Illamona, que ha pedido un compromiso económico "firme" en los Presupuestos Generales del Estado.

Ha concluido que el texto no ofrece respuestas a las necesidades del sistema ni cubre las expectativas de la comunidad universitaria.

La diputada del PP María Jesús Moro ha defendido el rechazo de su grupo al texto al señalar que no es la ley que necesitan ni esperaban las universidades españolas y ha advertido de que Europa está pidiendo una norma transformadora para el siglo XXI, no una ley cualquiera.

Moro ha recordado que no se oponen a un cambio legal, porque entienden que la sociedad ha cambiado y hay que reformarla, pero ha insistido en que tal y como se plantea no se debería aprobar porque no responde a los retos futuros y porque el sistema universitario no resiste "más vaivenes".

También ha defendido la necesidad de incluir una financiación estable que permita una mejor planificación, a la vez que ha pedido al Gobierno que no se ponga "de perfil" ni practique el "yo invito y tu pagas" con las comunidades autónomas.

Ha añadido que este proyecto no solo no acaba con la precariedad laboral de los docentes sino que la incrementa.

El diputado de Vox Joaquín Robles ha reprochado al Ejecutivo que esta norma pretenda acomodarse a los "dogmas ideológicos" de la izquierda, tras mostrarse convencido de que detrás de las buenas palabras del ministro "se esconden aviesas intenciones".

Tras opinar que este proyecto pretende convertir la universidad en una "fábrica de activistas semianalfabetos" debidamente "aleccionados y comprados" con becas que no premian el esfuerzo, ha señalado que la universidad tiene que estar orientada a la sociedad del conocimiento y no ser un instrumento de activismo político.

Sobre el proyecto de ley presentado por Subirats, ha dicho que no queda claro el tema de la financiación de las universidades y que tal y como está planteado actualmente ahondará en las diferencias entre las comunidades.

Javier Sánchez Serna, de Unidas Podemos, ha señalado que las tres enmiendas presentadas van en contra de la idea de una universidad libre, garantista y democrática, y ha destacado los elementos de la LOSU para atajar la precariedad laboral de las plantillas.

Ana Oramas (CC) ha dicho compartir muchos de los aspectos de las enmiendas de devolución del PP y Junts, pero a su juicio es momento de abordar los retos; Isabel Pozueta (Bildu) ha señalado que pese a que la LOSU no refleja las necesidades de la Universidad vasca, una enmienda a la totalidad no es la mejor manera de avanzar, y Marta Rosique i Saltor (ERC) ha subrayado que pese a compartir muchos elementos de la LOSU, hay otros que habrá que "matizar".

Íñigo Barandiaran (PNV), cuyo grupo ha votado en contra de las enmiendas, ha señalado que restan muchas mejoras por hacer, y Juan Ignacio López Bas (Cs) -también contrario a estas 3 iniciativas- ha dicho no compartir que el Estado deje de asumir competencias en aras de una "malentendida" autonomía universitaria.