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Un nuevo éxodo se cierne sobre el pueblo masái en Tanzania


  • Escrito por Lucía Blanco Gracia
  • Publicado en Global
(Tiempo de lectura: 3 - 5 minutos)

La porosa frontera entre Tanzania y Kenia ha sido testigo durante las últimas semanas de un doloroso -aunque no nuevo- éxodo del pueblo masái, que se está viendo expulsado por el Gobierno tanzano de sus tierras ancestrales en la zona norteña de Loliondo.

"El Gobierno nos ha movido mucho, hasta el límite. Ya no tenemos a dónde ir, les pido que nos dejen quedarnos", dice a Efe Lemuani (nombre falso) mientras pasea apoyándose en su bastón por los senderos de las diáfanas colinas del condado de Narok (suroeste de Kenia), a donde lo llevaron amigos después de que las Fuerzas de Seguridad tanzanas le dispararan.

Lemuani es uno de los más de 2.000 masáis -según el recuento de activistas kenianos- que cruzaron la frontera entre ambos países tras el estallido de violencia del pasado 10 de junio.

Ese día, las fuerzas de seguridad reprimieron con gas lacrimógeno y munición real a los miembros de la comunidad que protestaban contra la expulsión de sus territorios.

La violencia dejó al menos 31 masáis heridos y una persona cuyo paradero aún es desconocido, según detalla a Efe el abogado de derechos humanos masái Joseph Oleshangay, que forma parte de la defensa legal de las 23 personas detenidas y acusadas de la muerte de un policía durante las protestas.

Según denunció la ONG Survival International, también hubo un fallecido en la comunidad. Envuelto en su típica manta masái, de cuadros rosas y negros, Lemuani se recuesta al borde del camino con dificultad y muestra una herida de bala en su espalda.

La mañana del 10 de junio, cuando observaron cómo los agentes demarcaban sus territorios, los miembros de la comunidad se acercaron buscando explicaciones pero, en vez de palabras, "nos respondieron disparando indiscriminadamente", asegura este padre de dos hijos de 38 años.

UNA EXPULSIÓN ILEGAL

El desalojo de las comunidades de la división de Loliondo, en el distrito norteño de Ngorongoro, que amenaza a más de 70.000 personas según advirtió la ONU, es "enteramente ilegal", asegura con rotundidad a Efe Oleshangay. Loliondo fue declarada "zona de control de caza" en los años sesenta.

Esto otorgaba permiso al Gobierno para gestionar ese tipo de actividades pero mantenía la propiedad en manos de los habitantes. En 2009, con la introducción de una nueva ley de conservación, toda la división -4.000 kilómetros cuadrados- fue reconocida como tierra comunal, de modo que la caza quedó prohibida.

Sin embargo, el Gobierno quiere ahora cambiar ese estatus y declarar como "reserva de caza" una porción de 1.500 kilómetros cuadrados.

De hecho, el pasado 17 de junio las autoridades publicaron el cambio de denominación en el boletín oficial y, según un informe realizado en 2019 y visto por Oleshangay, la intención es desarrollar allí actividades de caza en el futuro.

"El área en disputa se encuentra enteramente dentro de las tierras comunales, así que bajo la legislación tanzana es ilegal establecer una zona de caza", subraya el abogado. "Es una violación de la Constitución de Tanzania, de las decisiones judiciales, de las leyes del país y de los derechos humanos", añade.

Lejos de ser el primer embate de las autoridades, los masáis de Loliondo ya sufrieron intentos de expulsión en 2009, 2013 y 2017.

En ese último episodio, cientos de manyattas (cabañas tradicionales) fueron quemadas. Después de que la comunidad denunciara el caso ante la Corte de Justicia de África Oriental, el tribunal dictó en 2018 que se detuvieran los desalojos hasta la publicación de un veredicto.

Pero el Gobierno no parece estar obedeciendo esa orden. Activistas y organizaciones aseguran que detrás del nuevo intento de expulsión se encuentra la empresa Otterlo Business Company (OBC) -con sede en los Emiratos Árabes Unidos-, que gozó de una concesión de caza en la zona desde principios de la década de los años noventa del siglo pasado.

SIGLOS Y GENERACIONES

A una media hora de la aldea donde se recupera Lemuani -en una zona donde la baja densidad de población y la falta de servicios definen el paisaje- más de una veintena de mujeres que cruzaron la frontera con sus hijos hicieron casi doblar la población de otro pequeño pueblo.

Nolari (nombre falso) caminó durante dos días con sus seis hijos y aún teme ser fotografiada por si las Fuerzas de Seguridad la rastrean. "Vinieron y pusieron fronteras en la tierra donde vivimos", dice esta madre de 30 años. Esto contradice la versión oficial, según la cual la demarcación empieza lejos de donde viven los masáis. Oleshangay, sin embargo, asegura que los 1.500 km disputados acogen al menos 14 aldeas.

El Ejecutivo -que no quiso responder a las preguntas de Efe- justifica la apropiación del territorio como una medida para defender las principales fuentes de agua de la zona y la vida salvaje, además de señalar que la población masái y el ganado han crecido demasiado.

Pero las comunidades, que han vivido allí durante siglos, descartan esos argumentos. "Si hablan de conservación y de los animales, nosotros somos los que hemos conservado esta tierra. Nuestros bisabuelos, abuelos y padres vivieron aquí", reclama Nolari.

La ONU y organizaciones como Amnistía Internacional han pedido que se respeten los derechos de estos masáis. Nolari, como muchos otros, se informa por la radio local y no ha oído hablar sobre esas declaraciones pero, cuando se le pregunta qué quiere decirle al mundo, responde sin dudar: "Díganle a nuestra presidenta que nos devuelva nuestra tierra".

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