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El juez del caso de las mascarillas rechaza imputar a la delegada de Hacienda de Madrid


(Tiempo de lectura: 2 - 3 minutos)

El juez del "caso mascarillas" ha rechazado imputar a la delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, o a la alto cargo municipal que negoció los contratos investigados por supuesta estafa con los que los dos empresarios imputados se embolsaron 6,6 millones en comisiones.

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha desestimado la petición formulada por Podemos, acusación popular, que quería investigar si la delegada de Hacienda y Personal pudo haber prevaricado al ser la responsable municipal que firmó el convenio con la empresa funeraria para materializar los contratos de material sanitario investigados.

Un convenio que, según el juez, es "totalmente ajeno" a la investigación, sin que haya pruebas de que se utilizaron este tipo de contratos para eludir el control de los pagos anticipados. Es más, advierte de que si prosperase esta imputación, debería hacer lo mismo con todos los firmantes del convenio y que sería prospectivo.

Tampoco ve motivos el magistrado para imputar ningún delito a Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del ayuntamiento, a quien cita como testigo el 27 de mayo.

"Ninguna prueba existe de que la señora Collado se apropiase de dinero público o permitiese que los investigados se apropiasen del mismo", dice el juez en el auto, al que ha tenido acceso Efe.

Como también mantiene la Fiscalía, el juez cree que Collado fue "engañada" por los dos empresarios investigados, Luis Medina y Alberto Luceño, quienes "ocultaron" el importe de "sus desmesuradas comisiones que inflaron el precio de los contratos" de compraventa de material sanitario que suscribieron con el Ayuntamiento a través de la empresa Leno en plena pandemia.

El juez sostiene que Collado actuó de "buena fe" y que tenía la "imperiosa necesidad" de traer material sanitario "para evitar más muertes" por la COVID-19, sin que se le pueda exigir, "en el momento más álgido de la pandemia con miles de muertos, exhaustivas comprobaciones" cuando "no había un criterio prefijado" en torno al precio, que "oscilaba continuamente, llegando a ser muy alto".

Subraya que cuando Collado se percató del engaño se lo comunicó "inmediatamente" a Luceño, llegando a advertirle de que acudiría a la Policía y logrando así la devolución del precio de los guantes adquiridos, que eran de peor calidad que los que se encargaron.

El juez descarta de plano que Collado pueda haber cometido un delito de estafa agravada o tráfico de influencias al no existir "el más mínimo indicio" de cooperación, complicidad o encubrimiento con los investigados, ni tampoco que percibiese dinero de los mismos.

Sí que ve "algo más consistente" la petición de imputación por prevaricación administrativa, pero indica que no se precisa qué resolución arbitraria dictó, salvo la firma de los contratos en nombre de la Funeraria, que ni es una resolución ni es arbitraria.

Descarta también el delito de malversación porque Collado no tenía la facultad de contratar a la empresa Leno, "ni mucho menos disponer de fondos públicos libremente", potestad que le correspondía al consejo de administración de la Funeraria municipal, y, de nuevo, si se la imputase a ella habría de hacer lo mismo con todo el consejo.

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