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La Fiscalía rebaja su petición de penas para 16 acusados confesos de la Gürtel


Ilustración de Fito Vázquez Ilustración de Fito Vázquez

La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado su petición de penas para 16 acusados que confesaron la corrupción de políticos del PP en la trama Gürtel en Boadilla del Monte (Madrid), y ha mantenido su solicitud de 40 años de prisión para el exalcalde de esta localidad Arturo González Panero, el Albondiguilla.

La fiscal Concepción Nicolás ha anunciado sus conclusiones definitivas en el juicio que ha reanudado este jueves la Audiencia Nacional por la extensión de la trama Gürtel en el municipio entre 2001 y 2009, en el que 24 acusados se sientan en el banquillo, de los cuales la mayoría confesaron los hechos en busca de atenuantes que rebajen sus eventuales condenas.

A pesar de que al inicio González Panero se sumó a quienes reconocieron los hechos, finalmente, tras la celebración de la vista, Anticorrupción no ha contemplado ninguna circunstancia atenuante para él, de modo que sigue vigente su petición inicial de 40 años y 9 meses de prisión. El exalcalde, por su parte, ha pedido que se tengan en cuenta las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.

La fiscal también ha mantenido que el PP sea condenado como responsable civil como partícipe a título lucrativo por los 204.198 euros que obtuvo supuestamente de los beneficios del entramado.

Durante su informe, Nicolás ha sostenido que en el juicio hay "evidencias tangibles, abrumadoras y arrolladoras con una prueba contundente" de la extensión del entramado en el municipio, entre ellas las 16 confesiones y el testimonio y las grabaciones del exconcejal del PP en Majadahonda José Luis Peñas, que destapó la trama Gürtel.

Entre los acusados a quienes ha rebajado sus peticiones están el líder de la trama, Francisco Correa, para quien pide 19 años frente a los 76 solicitados inicialmente, y su segundo y exsecretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo (16 frente a 64).

Según la fiscal, ambos, que cumplen largas condenas por otras ramas del caso, han reconocido "todo", incluso el reparto de dádivas, por primera vez en una de las múltiples piezas de la macrocausa. "Crespo ha reconocido hasta que se pagaba en negro actos del PP", ha aseverado.

Anticorrupción sostiene que la trama comisiones a políticos del PP en forma de dinero y regalos a cambio de adjudicaciones de obras, parcelas y servicios del Ayuntamiento causando un perjuicio al consistorio que cifra en cuatro millones de euros.

También han visto rebajadas sus peticiones de condena los exgerentes de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) César Tomás Martín Morales -exjefe de campaña del PP en la localidad- y Alfonso Bosch, exdiputado autonómico del PP en Madrid, cuyas solicitudes pasan de 39 a 6, y de 23 a 5, respectivamente.

En el mismo caso están otros acusados como los empleados de empresas de Correa José Luis Izquierdo, Isabel Jordán y Javier Nombela, o los empresarios Alfonso García-Pozuelo, José Luis Ulibarri, José Luis Martínez Parra, Rafael Martínez Molinero y Jacobo Gordon; así como los asesores del entramado José Ramón Blanco Balín y Luis de Miguel Pérez, entre otros.

La fiscal considera que el tribunal debe aplicarles la atenuante muy cualificada de confesión.

La mayoría de ellos se han adherido a las conclusiones de la Fiscalía, mientras que otros como el sucesor de González Panero en el ayuntamiento, Juan Jesús Siguero, han pedido su absolución o, subsidiariamente, la atenuante de dilaciones indebidas, que la fiscal no estima aplicable.

En el caso de la Abogacía del Estado también ha rebajado sus peticiones para algunos encausados, bien porque hayan reconocido los hechos o porque hayan resarcido económicamente por los delitos de los que les acusaba.

El Ayuntamiento de Boadilla y la EMSV, que también ejercen de acusación en el juicio, han anunciado alguna modificación para tener en cuenta las atenuantes de reparación del daño y confesión para algunos acusados confesos.

Y en el caso de las acusaciones populares, entre ellas la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) o varios excargos del PSOE, se han adherido a la fiscal y han contemplado para algunos encausados las atenuantes de confesión y colaboración con la justicia.

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