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El CGPJ inicia el proceso para que Salvador Alba deje de ser magistrado


La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves el inicio de expediente de pérdida de la condición de magistrado de Salvador Alba Mesa, condenado por manipular una instrucción para perjudicar a Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género, cuando era diputada de Podemos.

El pasado mes de noviembre de 2021, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que condenó al magistrado de la Audiencia de Las Palmas por prevaricación judicial en concurso medial con un delito de cohecho y como autor de un delito de falsedad en documento público.

Alba fue condenado a seis años y seis meses de prisión, con pérdida definitiva del cargo que ostenta e incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.

El TSJ canario declaró probado que Alba manipuló una investigación abierta al empresario Miguel Ángel Ramírez para perjudicar a la jueza que la había dirigido antes que él, Victoria Rosell, cuando ésta era ya diputada en el Congreso, lo que derivó en una causa por la que la parlamentaria renunció a su acta.

El artículo 379.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la condición de jueces o magistrados se perderá, entre otras causas, "por la condena a pena privativa de libertad por delito doloso", por lo que la Permanente ha considerado procedente iniciar expediente de pérdida de la condición de magistrado de Salvador Alba, que se encuentra en la situación administrativa de suspensión provisional de funciones desde el 19 de julio de 2018 por acuerdo de la misma Comisión, como consecuencia del auto de apertura de juicio oral dictado contra él.

Tal y como dispone la LOPJ, del acuerdo se dará traslado al Ministerio Fiscal y a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a fin de que emitan informe, y al interesado para que alegue lo que a su derecho convenga.

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