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El Tribunal Supremo tendrá la última palabra ante las restricciones que apliquen las comunidades


El Tribunal Supremo tendrá la última palabra ante las restricciones que decidan imponer las comunidades autónomas para frenar el coronavirus tras el fin del estado de alarma, una medida que busca dar seguridad jurídica, evitar disparidades entre territorios y "tranquilizar a los ejecutivos autonómicos".

Con estas palabras ha presentado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, el decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros que abre la puerta a que un gobierno autonómico presente un recurso de casación ante el Supremo si el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de su comunidad no autoriza las medidas que acuerde para luchar contra la pandemia tras el 9 de mayo.

Se da pie así a que el Supremo "unifique doctrina" cuando una comunidad autónoma decida restringir derechos fundamentales o libertades públicas y se ofrece un "paraguas de protección" a todas las administraciones, ha recalcado Calvo.

Ante las comunidades que han pedido prorrogar el estado de alarma, como ha hecho el Gobierno vasco, Calvo ha subrayado que el Ejecutivo no quiere "prolongar en el tiempo lo que es excepcional".

Y ante quienes critican, como hace el PP, que no se haya dotado a los gobiernos autonómicos de nuevos instrumentos legales, ha asegurado que le legislación sanitaria ordinaria les garantiza un marco suficiente para que puedan actuar.

A su juicio, la Ley sobre Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 y la Ley de Salud Pública de 2011 permiten a las comunidades seguir limitando derechos fundamentales y libertades públicas, siempre que lo haga de manera fundamentada y razonada y con supervisión y autorización judicial.

Las comunidades, ha explicado, pueden "justificar, argumentar y proponer" medidas como el toque de queda o los confinamientos, aunque siempre con aval de la Justicia, una garantía de todo Estado de derecho.

Calvo ha hecho hincapié en que, en términos generales, la Justicia "ha acompañado" las decisiones adoptadas por los distintos gobiernos. No obstante, el año pasado se dio el caso de que mientras en un territorio un juzgado daba luz verde a una determinada prohibición, en otra comunidad un juzgado diferente tumbaba una medida similar y en un contexto epidemiológico parecido.

Ante este panorama, en septiembre se modificó la ley para que fueran los TSJ de cada comunidad, y no los juzgador ordinarios, lo encargados de resolver sobre las restricciones, y este martes el Gobierno ha dado un nuevo paso para que la sala tercera del Supremo tenga la última palabra.

Tendrá cinco días para responder a un gobierno autonómico y Calvo ha subrayado que la Abogacía del Estado también podrá recurrir.

"Esto significa que hemos de estar tranquilos, que los gobiernos autonómicos pueden seguir planteando medidas importantes con garantía constitucional y con una nueva capacidad de protección que es la que nos ofrece el Supremo", ha incidido.

A su entender, con la actual incidencia del coronavirus y los niveles de vacunación sería "difícil de entender en términos de proporcionalidad" que el Gobierno siga tomando medidas drásticas que afecten a todo el territorio nacional.

Tras recordar que el Ejecutivo ha asumido en esta pandemia "grandes decisiones políticas", como los tres decretos de alarma, y que ha rendido cuentas ante el Congreso por ello, ha señalado que en el marco del estado autonómico constitucional, lo más razonable" ahora es que los gobiernos autonómicos tomen las medidas que consideren oportunas y acordes a su situación concreta con aval judicial.