Quantcast
HEMEROTECA
             SUSCRÍBETE
ÚNETE ⮕

CCOO exige al ministro Campo el cese de la directora general para el Servicio Público de Justicia


  • Escrito por CCOO
  • Publicado en SINDICATOS

El sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO denuncia que han quedado suspendidas 55 ediciones de los cursos de formación de 2020 para el personal de Justicia del ámbito no transferido, el 67% de las acciones formativas programadas, por la incompetencia e incapacidad del Ministerio y sus altos cargos.

Aunque la alerta sanitaria afecta a todas las Administraciones Públicas y, de todas ellas, solo el Ministerio de Justicia ha renunciado a la totalidad de la subvención del INAP, el motivo alegado es la imposibilidad de realizar los cursos por medios telemáticos ante la no conveniencia de hacerlos presenciales por la alerta sanitaria, excusa que no es creíble para CCOO y que esconde una incapacidad de gestión manifiesta y una inaceptable falta de voluntad para respetar los derechos laborales del personal de la Administración de Justicia.

En el día de ayer, CCOO recibió la documentación para una reunión que se celebra hoy en el INAP para el seguimiento y posible modificación de las acciones formativas de todas las administraciones y servicios públicos que dependen del Gobierno central. Entre esa documentación figura el escrito de 9 de octubre de la directora general, en el que solicita la anulación de la subvención para realización de estas acciones formativas, decisión que no ha comunicado a la representación sindical con quien las había pactado en la mesa de negociación.

CCOO afirma que nadie puede creerse “que no sea posible realizar los cursos de forma telemática (solo hace falta utilizar cualquier sistema de videoconferencias que no requiere ninguna inversión especial en nuevas tecnologías) y más cuando en el resto de administraciones, incluidas las autonómicas con competencias transferidas en materia de Justicia, están realizándolos con total normalidad”.

Ser la única administración en la historia que ha renunciado a la totalidad de las subvenciones del INAP dejando de realizar todos los cursos subvencionados por este organismo demuestra una falta de competencia inusitada en la Dirección General para el Servicio Público de Justicia para gestionar los fondos públicos destinados a la atención de los derechos de los y las empleadas públicas. Si a ello sumamos la ocultación a la representación sindical, impidiéndole así participar en la toma de decisiones que afectan a derechos de quienes representan, la situación adquiere connotaciones gravísimas que obligan, a juicio de CCOO, a la dimisión o al cese de su responsable o responsables.