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CCOO ve insuficiente la suspensión por parte del Gobierno de la regla de gasto de los ayuntamientos e insta a negociar una solución

  • Escrito por CCOO
  • Publicado en SINDICATOS

El rechazo del Congreso a la convalidación del decreto sobre el superávit de los ayuntamientos y la falta de una alternativa negociada coloca en una grave situación a la administración local.

Desde la perspectiva de los empleados públicos municipales, hemos visto cómo desde la crisis de 2008, la administración local ha sido obligada a adoptar las medidas económicas más duras respecto al resto de administraciones, obligada al déficit cero y a dedicar su superávit exclusivamente al pago de deuda, cuando el porcentaje que soportaban de la deuda del conjunto de las administraciones públicas nunca ha supuesto más del 4%.

Respecto al empleo público, los recortes han supuesto una merma de las plantillas y un gran aumento de la temporalidad, que ha contribuido a tener menos servicios públicos a los vecinos y vecinas y un deterioro de las instalaciones e infraestructuras ante la ausencia de inversión en su mantenimiento.

Al mismo tiempo, los ayuntamientos han reducido su deuda de forma drástica, lo que se traduce en un pago periódico de la deuda asumible y en más del 90 % de las entidades locales han presentado superávit en sucesivos años, hasta el año 2019.

Era una necesidad antes de la pandemia modificar la ley de estabilidad presupuestaria y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, para que los ayuntamientos utilizaran sus “ahorros” en inversión pública, servicios sociales, cultura, deportes, digitalización, sostenibilidad medioambiental y empleo público, y así constaba en los programas y acuerdos de los partidos de gobierno.

La crisis actual sin precedentes provocada por la covid-19 ha venido a acelerar esa necesidad de liberar dichos fondos para lanzar programas que eviten el abandono social, económico y educativo de muchas familias. Los ayuntamientos en muchos municipios son el principal motor económico y de empleo, además de tener la responsabilidad de la cohesión social de su población.

Somos conscientes que los ingresos de la administración local por vía impuestos y tasas caerán de forma importante a lo largo de este año si no lo remediamos con políticas expansivas en los siguientes ejercicios, al igual que los ingresos del conjunto de las administraciones. Pero no es comprensible ni la “ingeniería” contable propuesta inicialmente por el Ministerio de Hacienda, donde los ayuntamientos prestan el dinero al Estado para que éste a su vez les devuelva un tercio como máximo para afrontar esta crisis, ni tampoco la negativa del arco parlamentario a encontrar una solución adecuada al tamaño de los problemas que se deben afrontar.

El anuncio en los medios de la ministra de Hacienda el lunes 14 de septiembre de suspender la regla de gasto sin tocar los remanentes de tesorería acumulados no es suficiente, aunque indica que hay margen para el acuerdo.

Las entidades locales, por otro lado, deben avanzar en sus compromisos sobre empleo, tanto en los procesos de estabilización como de la nueva oferta pública. No debe servir de excusa ni la falta de acuerdo sobre la utilización de los ahorros ni la pandemia, sino todo lo contrario: es imprescindible solventar la temporalidad y dotar de las plantillas necesarias a los ayuntamientos para afrontar la crisis.

Por ello, desde el sector de la Administración Local de CCOO instamos al Gobierno y a los partidos políticos ha llegar a un acuerdo que permita la utilización de los fondos ahorrados en los programas de servicios sociales, desarrollo local y transición ecológica que se deben impulsar, así como un nuevo acuerdo de financiación de los entes locales.

Con la voluntad de colaborar conjuntamente en la salida de la crisis, emplazamos a la FEMP a recuperar el consenso y participar activamente en una solución que dé pie a un nuevo decreto. Para ello, proponemos una mesa de diálogo social con los sindicatos que permita la negociación e impulso de propuestas con un respaldo mayoritario de las fuerzas políticas y sindicales en la administración local, además de un renovado compromiso para ejecutar las ofertas públicas de empleo y procesos de consolidación y estabilización sin más dilación.