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CETA, un polémico pacto comercial con un impacto previsto de 12.000 millones en la Unión Europea


(Tiempo de lectura: 2 - 3 minutos)

El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés), que hoy debate y vota el Congreso de los Diputados, es un polémico acuerdo comercial que, según la Comisión Europea, tendrá un impacto anual positivo de 12.000 millones de euros en la Unión Europea y de 8.000 millones en Canadá.

La Comisión explica que el CETA reducirá en un 99 % los aranceles recíprocos, la mayor parte con su entrada en vigor y todos los industriales siete años después.

Esto supondrá, según sus cálculos, el ahorro de los 400 millones de euros al año que las empresas europeas pagan anualmente por sus exportaciones a Canadá, una cifra que se elevará a 500 millones al final de los periodos transitorios, lo que redundará en una mejora de la competitividad.

La Comisión Europea defiende entre las principales virtudes de este acuerdo que permitirá a las empresas de la Unión Europea acudir a las licitaciones de contratos públicos canadienses y ofrecer sus servicios en el país, una apertura que no afectará a los servicios públicos.

También abre la puerta a la homologación recíproca de normas que afectan a productos manufacturados -evitando el coste de dobles ensayos-, el refuerzo de la protección de patentes farmacéuticas y la convalidación de títulos universitarios.

Al mismo tiempo, argumenta la Comisión, protege la legislación y el cumplimiento de las normas europeas, los servicios públicos y prohíbe vender en Canadá imitaciones de 143 especialidades gastronómicas europeas, características de determinadas zonas o regiones.

El Acuerdo no abrirá el mercado de aves de corral y huevos y establecerá contingentes limitados para productos especiales, como la carne de vacuno y porcino europeos o los lácteos canadienses. También facilitará la inversión de empresas europeas en Canadá, ya que elimina obstáculos, garantiza un trato igualitario y mejora el clima de inversión.

Para proteger estas inversiones, el CETA crea un mecanismo de resolución de diferencias denominado Sistema de Tribunales de Inversiones, que según la Comisión es público, transparente y con jueces profesionales pero que ha resultado uno de los aspectos más polémicos del Acuerdo.

El CETA ha contado con la oposición de diferentes grupos, especialmente desde posiciones de izquierda "altermundista" y ecologista, que consideran se ha negociado de manera opaca y redactado para beneficio de las multinacionales.

Entre los puntos más controvertidos del CETA se encuentra el sistema de tribunales privados de arbitrajes, conocidos técnicamente como ICS y previstos para resolver los litigios entre inversores y Estados de forma que se estandaricen marcos normativos y se aceleren las sentencias.

Los movimientos antiglobalización creen que se trata, en realidad, de un sistema que coloca en manos privadas con intereses oscuros la capacidad de los Estados de administrar Justicia.

En España, CCOO y UGT han criticado recientemente que el acuerdo merma los derechos de los trabajadores y cede soberanía nacional, así como el propio proceso de negociación y aprobación del acuerdo.

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