Bruselas descarta una solución europea para los afectados por los daños del Metro de Madrid

En representación de los vecinos cuyas viviendas se han visto afectadas por la construcción de esta infraestructuras, Juan Antonio Fuentes, relató ante los eurodiputados la "destrucción" de su hogar "por un empeño político lleno de negligencias que nadie ha querido reparar".

"El hundimiento de la línea 7B de Metro es la historia de una decisión política tomada contra todos los criterios técnicos que ha arruinado la vida de decenas de familias en San Fernando de Henares", dijo Fuentes.

La línea 7B de Metro de Madrid, inaugurada en 2007, ha tenido que ser cortada en varias ocasiones debido a daños ocasionados por la geología del terreno en el que fue construida. El agua subterránea ha debilitado la infraestructura de Metro y las estructuras de más de 600 viviendas, además de locales comerciales y espacios y edificios públicos.

A principios de este año, 52 vecinos de San Fernando tuvieron que ser desalojados de sus viviendas, elevando por encima de 100 el número de familias expulsadas forzosamente de sus casas desde que comenzó esta problemática.

Ante ello, los vecinos pidieron a la Comisión de Peticiones que impulse una investigación de la Comisión Europea sobre los fondos europeos destinados a esta ampliación, así como que vigilen la solicitud de financiación para otras líneas y velen "por que las obras se realicen con estudios sólidos y fiables".

Un representante de la Comisión Europea respondió que esta institución "no puede seguir interviniendo en este asunto" y explicó que Bruselas sólo tiene competencias en la aplicación de la Carta Europea de Derechos Fundamentales que reivindicaban los afectados -por la vulneración del derecho a una vivienda digna- cuando se aplica legislación europea, lo cual no sucede en este caso.

La Comisión de Peticiones, por su parte, solicitará a Bruselas que le remita por escrito esta respuesta y mantendrá abierta la petición; los grupos socialista, de los Verdes y de la Izquierda solicitaron además el envío de una misión al terreno, que se deberá votar más adelante entre los coordinadores de esta comisión parlamentaria.

Desde la Comunidad de Madrid, el director general de Infraestructuras de Transporte Colectivo, Miguel Núñez, defendió que la Comunidad de Madrid ha emprendido medidas en los ámbitos "de seguridad, técnico y social" y aseguró que se está haciendo cargo de los gastos de las familias realojadas y que las indemnizaciones actuales van desde los 26.000 a los 75.000 euros al año por familia.

En el debate de los diputados, Cristina Maestre (PSOE) criticó que las cifras de indemnizaciones y acciones en el municipio presentadas por la Comunidad de Madrid son "una chapuza" sobre el terreno y criticó "los mensajes envenenados y falsos en torno a indemnizaciones que nunca llegan" tras "quince años" de gobiernos de la Comunidad "mirando hacia otro lado".

Desde los Verdes, Ana Miranda (BNG) criticó la ausencia de transparencia en la gestión de esta crisis por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso e insistió en que el Parlamento Europeo debe estar presente para apoyar a "clases populares que han perdido su casa" y "cuando se hacen obras e infraestructuras que tienen consecuencias, sea quien sea el responsable"

Sira Rego (IU) afeó por su parte al director general autonómico que muestre ante los diputados "un mapa de recursos y acciones que no se ha puesto a funcionar" y el uso de "datos sesgados", e incidió en que las familias siguen movilizándose "porque no hay nadie al otro lado que se haga cargo de situación dramática y no les llegan los recursos".

Por contra, el diputado popular Pablo Arias recriminó a los grupos de la izquierda que hayan hecho de este caso "una cuestión electoral y ruido mediático" y se mostró partidario de cerrar la petición por la ausencia de competencias de la Comisión Europea.

Desde Ciudadanos, Adrián Vázquez pidió "no polarizar un debate en el que tenemos que intentar ofrecer una solución" y sugirió mantener la petición abierta para que "ayude a que todas las partes competentes se sienten en Madrid, que es donde se tienen que sentar".

"Esto no es demagogia, no es política, es la realidad de 600 personas en San Fernando de Henares. Hemos tenido dos años para sentarnos con la Comunidad de Madrid y siempre se han negado", zanjó por su parte otra de las vecinas afectadas, María del Carmen Ramírez, que pidió a la Eurocámara "la humanidad y apoyo que la Comunidad nos ha negado durante 15 años".