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Italia podrá confiscar los barcos de las ONG que rescatan a migrantes en el mar


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El Gobierno italiano, liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni, aprobó este pasado miércoles un decreto ley por el que podrá multar y confiscar a los barcos de las ONG que realicen rescates en el Mediterráneo y que no cumplan con la legislación vigente.

El texto publicado tras la reunión del Consejo de Ministros avanzó que Italia aplicará un régimen de sanciones administrativas, en lugar de penales, y además podrá proceder a "la detención administrativa del buque (contra la cual se admite recurso) y, en caso de reincidencia de la conducta prohibida, su decomiso, precedido del embargo cautelar".

Aunque el texto oficial no ha estipulado la cuantía de las multas, un borrador publicado por los medios de comunicación locales calcula la sanción en 50.000 euros para los barcos y hasta 10.000 euros para el capitán y el propietario del buque si no facilitan la información requerida por las autoridades nacionales.

El ejecutivo aseguró que la norma solo se aplicará en casos de violación de límites territoriales o de prohibición del tránsito, pero se respetarán las situaciones estipuladas en la Convención Derecho del Mar de las Naciones Unidas para la seguridad de las personas recuperadas en el mar.

Otra de las disposiciones avanzadas en los borradores, que obligaría a los barcos a pedir la asignación en un puerto tras realizar el primer rescate y sin poder subir a más migrantes, no quedó concretada en el decreto aprobado hoy.

Esta semana, el buque Ocean Viking de la organización SOS Méditerranée, atracó en Livorno (centro de Italia), tras rescatar a 113 migrantes, lo que formó parte de la nueva estrategia del Gobierno italiano que autoriza el atraque lejos de la zona de rescate por lo que tardan varios días en llegar y después en regresar a los rescates.

Se tratan de los primeros rescates de barcos de ONG después del pulso que mantuvo a principios de noviembre el Gobierno italiano con algunos de ellos al impedir durante días el desembarco de las personas que había rescatado al aplicar su nueva política anti-inmigración de dejar bajar sólo a los migrantes vulnerables.

La nueva norma, ideada por el vicepresidente y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, impulsor de la política italiana de "puertos cerrados" a las ONG humanitarias, permitió que solo bajasen del barco los inmigrantes que tras una evaluación médica demuestran encontrarse en una situación de vulnerabilidad.

En ese contexto, el Ocean Viking pidió permiso para atracar en Francia con 234 migrantes después de ser rechazado por las autoridades portuarias italianas, lo que desencadenó un conflicto diplomático.