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Declaran nulo el juicio a Iza, líder indígena de Ecuador detenido en las protestas


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La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) informó este pasado lunes de que se ha declarado la nulidad a todo el proceso judicial abierto contra su presidente, Leonidas Iza, abierto en el marco de las protestas de junio pasado, que se saldaron con siete fallecidos y decenas de heridos.

La organización indicó en su cuenta de Twitter que el proceso contra Iza quedaba anulado "por demostrarse que fue detenido de manera ilegal", según lo determinaron los jueces en el Complejo Judicial de Latacunga.

La Conaie consideró que "el hostigamiento, detención y criminalización de Leonidas Iza constituye una represalia en su contra por su ejercicio legal y legítimo de la protesta social y por su defensa de los derechos de los pueblos, su lucha social y referencia política".

Contra Iza se había abierto un juicio por presunta paralización de servicios públicos en calidad de autor mediato (con dominio del hecho) al supuestamente instigar el bloqueo de carreteras.

El proceso comenzó tras su detención el 14 de junio, un día después de comenzasen las movilizaciones en las que fallecieron siete personas, entre ellas seis manifestantes, según organizaciones de derechos humanos, y un militar, mientras que unas 500 personas resultaron heridas entre manifestantes y fuerzas del orden.

Iza argumentaba que no lo detuvieron en delito flagrante, como afirmó la Policía en un inicio, y denunció haber sido víctima de una "emboscada" pues, según su versión, en el lugar de su detención había libre circulación de vehículos.

Las protestas de junio estallaron en contra de la carestía de la vida y política económica del Gobierno, con un pliego de peticiones que incluía la reducción y congelación del precio de los combustibles subsidiados, la moratoria a créditos, mejoras en el sector de la educación y en demanda de mayor y mejor acceso a la salud, entre otros asuntos.

Las protestas terminaron con la firma de un acta de paz tras 18 días en los que hubo fuertes enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden, así como el bloqueo de vías, carreteras y daños a la propiedad pública y privada.

El acuerdo de paz contemplaba el establecimiento de mesas de diálogo por 90 días en distintos temas, varias de las cuales aún están abiertas.