El Govern pide una reparación tras el dictamen sobre los independentistas del Comité de la ONU

El Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que España "violó los derechos políticos de exmiembros del Gobierno y el Parlamento de Cataluña" al suspender de sus funciones públicas a encausados en el "procés" antes de que fueran condenados en 2019, tras el referéndum independentista de 2017.

El dictamen de este órgano asesor de la ONU, cuyas decisiones no tienen carácter vinculante, da la razón a una denuncia presentada en 2018 por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, quienes alegaron que la suspensión de sus funciones sin existir una condena previa violaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Los dictámenes del comité, un mecanismo que se autodefine como "cuasi-judicial", suponen recomendaciones que en principio no son vinculantes, pero sí se considera que deben ser tenidos en cuenta por los firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (entre ellos España), a cuyo artículo 25 se han acogido los denunciantes.

En rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha explicado que la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha presentado un informe relativo a esta cuestión en la reunión del Consell Executiu.

El informe del Govern reclama al Estado que "impulse medidas de carácter inmediato para garantizar que no se volverá a repetir la violación de los derechos políticos de ningún ciudadano de Cataluña", además de impulsar una "reparación integral y efectiva de los derechos políticos violados" a los dirigentes independentistas.

El Govern recuerda asimismo que el dictamen "insta al Estado a que le comunique en el plazo de 180 días las medidas que haya adoptado para su aplicación", por lo que urge a la Moncloa a publicar el dictamen y darle "máxima difusión".

Aunque Plaja ha admitido que el dictamen no es una sentencia, el gobierno catalán sí considera que tiene importante valor "doctrinal" y que puede ser tenido en cuenta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la UE en próximos procesos.

Es por ello que la Generalitat pedirá oficialmente al Gobierno que "derogue o modifique" el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal relacionado con la suspensión automática de funciones o cargos públicos; como también con otras normas relacionadas para la reparación del "daño causado".