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6 y 7 de septiembre de 2017: cinco años de las horas más tensas del Parlament


(Tiempo de lectura: 3 - 5 minutos)

Al amanecer del 6 de septiembre de 2017, el registro general del Parlament recibió una petición formal de los dos grupos independentistas, Junts pel Sí y la CUP, para iniciar la tramitación de la proposición de ley que pretendía dar amparo legal al referéndum unilateral del 1 de octubre.

El momento elegido para activar la primera de las llamadas «leyes de desconexión», con las que el Govern de Carles Puigdemont aspiraba a proclamar la independencia de Cataluña al cabo de un mes, estaba calculado al milímetro para intentar crear un nuevo marco legal catalán antes de que los tribunales pudiesen tumbarlo.

Se iniciaba así la jornada más tensa de la historia reciente del parlamentarismo catalán, que acabaría de madrugada, con un hemiciclo semivacío, fracturado por la mitad y que ponía rumbo al 1-O.

BRONCA DESDE EL ARRANQUE

En el centro de todas las miradas se situó la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que hizo valer más que nunca su posición de poder para blindar la tramitación exprés de la Ley del Referéndum frente a las objeciones de la oposición y los letrados de la cámara.

La Mesa del Parlament, con los votos independentistas y con el aval del espacio político que hoy representan los comunes, admitió inmediatamente a trámite la Ley del Referéndum, para que pudiese ser debatida y aprobada ese mismo día por el pleno.

Al inicio del pleno previsto para esa mañana, la portavoz del grupo de Junts pel Sí, Marta Rovira, pidió la palabra para solicitar formalmente la inclusión en el orden del día del debate y votación de la Ley del Referéndum, invocando el artículo 81.3 del reglamento de la cámara catalana, entre las protestas -a gritos o desde el micrófono de sus escaños- de los diputados de la oposición.

FORCADELL CONTRA LA OPOSICIÓN

La jugada del independentismo no fue tan automática: Ciudadanos, PSC y PPC obligaron a suspender el pleno media docena de veces para volver a reunir la Mesa, con el fin de que reconsiderara la admisión a trámite de la ley y paralizara su tramitación, para que el Consejo de Garantías Estatutarias estudiase el caso y emitiese dictamen.

Con el fin de retrasar todo lo posible el debate, Cs, PSC y PPC fueron dosificando sus peticiones de reconsideración, por lo que el pleno tuvo que ser interrumpido constantemente para que la Mesa las resolviera, en medio de crispados duelos dialécticos entre Forcadell y diputados como Carlos Carrizosa (Cs), Miquel Iceta (PSC), Joan Coscubiela (Catalunya Sí Que Es Pot) o Alejandro Fernández (PPC).

Para no dar tiempo a que el Tribunal Constitucional anulase la tramitación, la Mesa tumbó todas las peticiones de la oposición y se negó a posponer el debate para escuchar antes al Consejo de Garantías Estatutarias.

LAS OBJECIONES DE LOS JURISTAS

No solo los partidos contrarios al 1-O pusieron el grito en el cielo, sino que los letrados del Parlament registraron un informe en el que alertaban de que tramitar las leyes de ruptura chocaba con las advertencias del Tribunal Constitucional (TC) y reprochaban la utilización del artículo 81.3 para su aprobación exprés.

En su escrito, el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, recordaban una sentencia del TC que obligaba a la Mesa a «impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica o material, que directa o indirectamente supusiera ignorar o eludir la nulidad» de determinadas resoluciones soberanistas.

Horas después, el Consejo de Garantías Estatutarias salió al paso para dar públicamente la razón a los partidos de la oposición, al afirmar que sí tenían derecho a solicitar un dictamen.

APROBACIÓN Y CONVOCATORIA DEL 1-O

Mientras en Madrid el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ordenaba a la Abogacía del Estado que interpusiera un incidente de ejecución de sentencia para que el TC declarase nulos los acuerdos adoptados por el Parlament, Forcadell abría sobre las 19:30 el debate y votación de la Ley del Referéndum, entre las quejas de una oposición soliviantada que acusaba al independentismo de pisotear sus derechos, aplicar el rodillo y desobedecer el marco legal.

A las 21:40, en un hemiciclo semivacío -Cs, PSC y PPC se negaron a participar en la votación y abandonaron sus escaños-, el pleno aprobó la polémica ley con los 72 votos de Junts pel Sí y la CUP y 11 abstenciones de los comunes, mientras la diputada de Podem Àngels Martínez retiraba banderas españolas de la bancada popular.

Poco antes de la medianoche, una vez publicada de urgencia la ley en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, Puigdemont y sus consellers firmaron el decreto de convocatoria del referéndum del 1-O, que planteaba la pregunta: «¿Queréis que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?».

EL INDEPENDENTISMO DOBLA LA APUESTA

Tras la maratoniana y extenuante jornada anterior, en la que el independentismo ganó la batalla procedimental aunque a un coste alto de desgaste, hubo dirigentes del PDeCAT y algunos de ERC que no veían claro tensar aún más la cuerda, pero la presión de la CUP y los sectores más unilateralistas de Junts pel Sí forzaron la aprobación al día siguiente de la segunda ley de desconexión.

La Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, tramitada por el mismo procedimiento de urgencia y que entraría en vigor si ganase el ‘sí’ a la independencia, fue aprobada pasada la medianoche del 7 de septiembre tras otra jornada interminable.

Poco antes, el pleno del Tribunal Constitucional había suspendido de forma cautelar la convocatoria del referéndum del 1-O al admitir a trámite los cuatro recursos presentados por el Gobierno, una suspensión que el Govern de Puigdemont desoyó.

Quedaban poco más de tres semanas para el acontecimiento más trascendental de las últimas décadas en la política catalana, cuyas consecuencias siguen marcando aún hoy la agenda del Parlament.

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