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11 propuestas de CCOO para crear una Universidad pública de calidad con empleos dignos


(Tiempo de lectura: 3 - 5 minutos)

CCOO mantiene su visión crítica de la LOSU y pide cambios 11 propuestas para crear una Universidad pública de calidad, con empleos dignos, socialmente responsable y sostenible

La Federación de Enseñanza de CCOO reclama que no se sigan poniendo parches a políticas austericidas y neoliberales e insta al Gobierno a sentar las bases de un servicio público de educación superior de calidad y de futuro.

Para ello, el ministro Subirats debe mostrar compromiso y determinación, trabajar con los agentes sociales y aumentar los presupuestos destinados a la Universidad. 27 de enero de 2022 La crisis provocada por la pandemia por COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de los servicios públicos y sus trabajadores. En concreto, ha visibilizado la trascendencia del sistema educativo y de la investigación. CCOO recuerda que si tener un sistema universitario potente, como pieza clave del desarrollo social y de la investigación, siempre ha sido fundamental, ahora resulta de una mayor importancia.

En este sentido, la Federación de Enseñanza de CCOO estima que hay muchos retos que se deben abordar y que sólo se han tratado de modo general, o directamente no se han incluido en la agenda del Ministerio hasta el momento:

  1. Creación de la Mesa de negociación de Universidades.
  2. Derogación de los aspectos del RD 14/2012 que aún están en vigor en las universidades públicas.
  3. Negociación del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) con el establecimiento de una carrera académica (horizontal y vertical), acreditaciones, condiciones laborales y retribuciones, incluida la evaluación de la productividad y el incremento de niveles, etc. El sindicato recuerda que las competencias para el PDI Funcionario son del Gobierno de España.
  4. Actualización de la estructura retributiva y de la dedicación docente del PDI (reguladas por decretos pre-LOU y pre-Bolonia). Recuperación del salario completo en las pagas extras para el PDI funcionario.
  5. Aplicación de la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad y del RDL 32/2021 de la reforma laboral en la universidad.
  6. Desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en el ámbito de la universidad, asimilando lo que se establezca en la Administración General del Estado también para el personal de universidad.
  7. Financiación de la universidad pública. Política de tasas y becas como derecho subjetivo.
  8. Modificación de la estructura y funcionamiento de la ANECA. Revisión negociada de los criterios de acreditaciones. Establecimiento de convenios de reconocimiento de acreditaciones realizadas por otras agencias autonómicas.
  9. Jubilaciones parcial y anticipada de los/as empleados/as públicos/as universitarios/as.
  10. Indemnización para los contratos predoctorales contemplada en la modificación de la Ley de la Ciencia. Financiación de las retribuciones de los contratos predoctorales contemplados en el Estatuto del Personal Investigador en Formación.
  11. Medidas de control y verificación de la calidad de las universidades privadas (que están proliferando de manera descontrolada en algunos territorios).

Además, CCOO mantiene su visión crítica de la Ley Orgánica del Sistema Universitario y, si bien considera que el último anteproyecto del pasado mes de noviembre mejora el primero presentado el 31 de agosto, opina que hay temas que se deben debatir y revisar porque existen importantes divergencias:

  • Gobernanza. Se debe profundizar en la democratización de las universidades mediante varias vías: elección por sufragio universal de sus dirigentes (rectores/rectoras, decanos/decanas); posibilidad de dos mandatos de cuatro años de las autoridades elegidas por sufragio con el fin de mejorar el sistema de rendición de cuentas; dotar al Claustro de competencias como máximo órgano representativo de la universidad y no considerarlo exclusivamente informativo; redefinir los consejos sociales, sus funciones y sus representantes e inclusión de los agentes sociales en el Consejo de Universidades.
  • Financiación. Se tiene que definir mejor la financiación básica o estructural que debe ser suficiente para desarrollar todas las funciones encomendadas a la universidad y establecer mecanismos de compensación para recuperar los recortes y la desinversión de las dos últimas décadas por parte de las diferentes administraciones en las universidades públicas, además de armonizar indicadores que en ningún caso se contemplan en las versiones presentadas. Máxime teniendo en cuenta que el próximo curso disminuirán los ingresos de las universidades al entrar en vigor la reducción prevista de los precios públicos para los estudios de grado y máster universitario profesionalizante.
  • Inversiones finalistas. La administración central debe explorar la posibilidad de realizar inversiones finalistas a las universidades públicas. Además, CCOO estima que la memoria del análisis del impacto normativo que contempla un apartado económico se basa exclusivamente en un estudio del impacto económico de esta ley para disminuir la precariedad de las plantillas en el personal docente e investigador, pero no tiene en cuenta el resto de capítulos que configuran el presupuesto de las universidades, ni atiende al desarrollo de la carrera profesional del personal docente e investigador y de administración y servicios, definido en la nueva ley como personal técnico, de gestión y administración de servicios.
  • Personal docente e investigador. CCOO defiende las figuras laborales desarrolladas en la LOMLOU y en cualquier caso estima que es imprescindible el mantenimiento de las figuras de contratación predoctoral (ayudante) y de profesorado laboral indefinido (profesorado contratado doctor). El Ministerio tendrá que modificar la redacción de las figuras de profesorado sustituto y de profesorado distinguido. Además, se tendrán que incluir las figuras de la Ley de la Ciencia que están en proceso de modificación y que pueden tener repercusión en el ámbito universitario. CCOO no comparte la redacción actual sobre las Comisiones de Selección y exige un compromiso por parte del Gobierno para modificar los criterios de acreditación de la ANECA. El objetivo principal es disminuir la elevada tasa de precariedad y la dignificación de la carrera académica.
  • Personal Técnico, de Gestión y de Administración de Servicios. Se debería abordar el desarrollo de su carrera horizontal de modo general con niveles y categorías, procesos de evaluación, etc.

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