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¿Por qué es necesario retrasar la edad de jubilación en España?


  • Escrito por Emilio José González González
  • Publicado en Capital
Shutterstock / Edwin Verin Shutterstock / Edwin Verin

No es ningún secreto que España tiene un problema de financiación de la Seguridad Social. El número de pensionistas crece más deprisa que el de cotizantes, lo que consume rápidamente los recursos del sistema. El problema se ha agravado con las dos últimas crisis, debido al aumento del paro y la caída de los salarios, que son la base de los ingresos por cotizaciones sociales. En ese contexto, el Gobierno tuvo que recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social para poder cubrir el déficit del sistema, con lo que la hucha de las pensiones ya está prácticamente agotada.

Las cosas, evidentemente, no están bien, pero se van a complicar más a partir de ahora. La generación del baby boom, esto es, los nacidos entre 1958 y 1975, ya empieza a jubilarse. Se trata de la cohorte de población más numerosa de España, con gran diferencia sobre el resto.

Además, la pensión media a que tienen derecho según el sistema actual, unos 20.000 euros anuales, es mucho más alta que la del promedio de los jubilados actuales porque esa generación cotizó más dinero, y durante más tiempo, que las generaciones anteriores. En consecuencia, la presión financiera sobre el sistema se va a incrementar considerablemente. La necesidad de reformarlo, por tanto, es obvia.

En este sentido, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha presentado recientemente una serie de propuestas para reformar la Seguridad Social, la mayoría de las cuales pretenden retrasar la edad de jubilación e incrementar la edad efectiva de retiro. Este es un tema que España debe plantearse muy seriamente para poder mantener la viabilidad financiera del sistema de pensiones.

La edad de jubilación en España se estableció en 65 años en 1919, mediante la Ley del Retiro Obrero. Esa edad de jubilación sigue vigente hoy en día.

En 2021, de hecho, una persona que haya cotizado durante 37 años a la Seguridad Social puede jubilarse a los 65 años y si ha cotizado menos de ese tiempo puede hacerlo con 65 años y 10 meses. Es decir, la edad de jubilación apenas ha cambiado en cien años y no está previsto que lo haga mucho más en los próximos años: subirá hasta los 67 años para quien haya cotizado menos de 38 años y 6 meses, pero seguirá en 65 para quien los haya cotizado.

La edad de jubilación necesita una adaptación

El quid de la cuestión es que la edad de jubilación no se ha adaptado a la realidad social española. En 1919 la esperanza de vida al nacer apenas superaba los 40 años; en 2020 fue de 85,1 años. Además, en 1919, una persona que llegaba a los 65 años de edad podía esperar vivir cinco años más; hoy son veinte años. Es evidente, por tanto, que la edad de jubilación debe adaptarse a la realidad de la sociedad española, sobre todo si se tiene en cuenta que, gracias a los avances en la medicina, la gente está en condiciones de seguir trabajando bastantes años más.

La OCDE estima que el retraso en la edad de jubilación es la medida más potente con que cuentan los países para preservar el equilibrio financiero de sus sistemas públicos de pensiones, porque supone empezar a cobrar más tarde, lo que reduce los pagos previstos, y, en muchos casos, seguir cotizando más tiempo, lo que aumenta el flujo de ingresos.

De hecho, la mayor parte de los países de la OCDE están subiendo la edad de jubilación. Dinamarca, por ejemplo, está aumentándola hasta los 74 años. Italia, Holanda y Estonia están subiéndola hasta los 71. Irlanda, Reino Unido y Portugal, a su vez, están subiéndola hasta los 68.

Otros países también están aplicando incentivos para que la gente siga trabajando más allá de la edad de jubilación. En Estados Unidos, el gobierno aplica aumentos a la pensión pública por cada año adicional de trabajo por encima de la edad de jubilación. Bélgica, Canadá y Dinamarca aprobaron en 2019 incentivos similares.

Alemania, por su parte, ha promovido la prolongación de la vida laboral mediante un sistema de jubilación activa que permite a los mayores seguir vinculados a su empresa, a tiempo parcial y con condiciones laborales distintas, al mismo tiempo que perciben parte de su pensión.

En contra de las jubilaciones anticipadas

De la misma forma, todos los países de la OCDE están desincentivando las jubilaciones anticipadas, excepto si los trabajadores han cotizado a sistemas de contribución definida. En estos casos, por ejemplo el Reino Unido, el trabajador puede jubilarse de forma anticipada porque su pensión se ajusta de forma automática por la cantidad total cotizada a lo largo de la vida laboral.

España, que, según las estimaciones de población de Naciones Unidas, será el cuarto país más envejecido del mundo en 2030, debe explorar estas posibilidades porque, en las condiciones actuales, y con la evolución demográfica prevista, el sistema es financieramente inviable.

La opción de cubrir el déficit de la Seguridad Social con recursos procedentes de la imposición general parece difícil si no se reordena en profundidad el gasto público, debido a los muy elevados niveles de endeudamiento público de nuestro país. Subir las cotizaciones de forma generalizada tampoco es solución porque son un impuesto sobre el trabajo que frena las contrataciones y reduce el potencial de crecimiento de la economía española.

A corto plazo, por tanto, es preciso adoptar medidas que desaceleren el crecimiento del gasto en pensiones, mediante la prolongación de la vida laboral y la desincentivación tanto de las jubilaciones anticipadas como de las prejubilaciones.

A medio plazo, hay que llevar a cabo una reforma de la estructura económica española, apostando por la digitalización de la economía y por productos y servicios con un mayor contenido tecnológico. De esta forma, aumentará la productividad y se podrán generar más ingresos por cotizaciones sin dañar la competitividad de las empresas ni el poder adquisitivo de los trabajadores.The Conversation

Emilio José González González, Profesor de Economía, Universidad Pontificia Comillas

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation