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Ahorro y beneficios fiscales


Hay que ahorrar. No importa el contexto de la exhortación, se puede aplicar en cualquier momento y lugar. Que ahorrar es bueno forma parte del acervo de la ciencia económica y de la vida cotidiana, y lo mismo te lo dice tu abuela, tu asesora fiscal o la ministra de Hacienda. Para esta tercera entrega de la revisión del informe sobre beneficios fiscales que el pasado mes de julio publicó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), es el momento de entrar en uno de los temas sagrados de la economía, un concepto muy cargado de ideología, que concita un amplio consenso y, en consecuencia, ha de tener buen trato fiscal.

Si recordamos, “los beneficios fiscales son instrumentos de política fiscal que persiguen determinados objetivos económicos y sociales mediante exenciones, tipos reducidos, reducciones o deducciones en sus cuotas tributarias” que, al final, conllevan una menor recaudación. Conceptualmente, el ahorro presenta una situación difícil de manejar fiscalmente, porque por una parte es fuente de renta, y por tanto ha de ser gravado, pero por otra es considerado intrínsecamente bueno y deseable y, en esa medida, ha de ser protegido. Esa sobrecarga ideológica tiene fundamento, pues es genéricamente aconsejable, pero esto no quiere decir que sea un bien absoluto, pues hasta los años 90 del pasado siglo era frecuente que muchos países tuvieran gravámenes diferenciados y más altos sobre estas rentas. Dicho de otra forma, progresividad.

La AIReF analiza diversos beneficios en torno al ahorro y su fomento, pero vamos a centrarnos en uno concreto, la reducción por aportaciones a sistemas de previsión, que busca activarlo directamente. Los sistemas de previsión a los que se pretende apoyar son los planes de pensiones, y la reducción de la que hablamos se aplica en el IRPF, con un coste en el entorno de los 1.600 millones de euros, una cantidad nada despreciable.

La finalidad declarada del beneficio es incentivar el ahorro para complementar las pensiones futuras. El informe de AIReF, tras un denso análisis cuantitativo, concluye que no cumple su objetivo y además es regresivo. Dicho en otras palabras, no anima el ahorro, y se benefician de esta reducción mucho más las rentas altas que las bajas. Este fracaso absoluto es un resultado más que previsible si pensamos un poco en la realidad socioeconómica del país, y después aplicamos esa reflexión al ámbito fiscal. Las rentas bajas simplemente no pueden ahorrar: cabe recordar que el salario más común en España (la moda estadística) está en 18.000€ al año, lo que viene a ser algo más de 1.000€ al mes, y la familia más común la componen tres personas (supongamos una pareja y un hijo). Es materialmente imposible ahorrar en esas circunstancias, y estos niveles explican por qué más de la tercera parte de los hogares españoles no llegan a fin de mes, y más de la mitad no tiene capacidad de afrontar un imprevisto.

Siendo realista, una familia puede plantearse algún margen sólo con rentas superiores a 30.000€ anuales, suponiendo que el coste de la vivienda no se lleva más de la tercera parte del ingreso y siendo razonablemente austera. El criterio que se emplea en ocasiones es la renta por cada miembro de la familia, y ahí podríamos establecer la frontera en los 15.000€. Una vez superada esa línea es posible plantearse el ahorro de manera sistemática. En el extremo opuesto, a partir de un cierto nivel de ingresos ahorrar no es una elección, es inevitable, y sería el caso por encima de los 20.000€ por habitante. En ese punto, la elección está en el tipo de producto de ahorro a emplear.

El análisis, aunque ofrece resultados previsibles, no pierde interés, pues se constata que dos tercios del beneficio (el 66%, que se dice deprisa) son retenidos por el 10% de las rentas más altas. Por otra parte, los planes de pensiones son una opción de ahorro con escaso volumen de riqueza acumulada por comparación con otras alternativas, lo que se debe a que tienen poco atractivo: los rendimientos son pequeños y las comisiones que se aplican se llevan la mayor parte, por lo que los resultados suelen ser descorazonadores, y ofrecen poco más que una ligera ganancia por encima del mero mantenimiento del poder adquisitivo.

Si a la vista de esto estáis pensando que la AIRF termina planteando la supresión de este beneficio fiscal es porque aún no confiáis en su capacidad para las soluciones creativas. En este caso, ante la evidencia de que lo que hay no solo no sirve, sino que es conceptualmente imposible, propone su revisión integral. El resto de mortales, entretanto, nos preguntamos qué sentido tiene algo que está pensado para fomentar el ahorro en rentas bajas y que por definición solo podrá ser útil a rentas altas. Es ahí donde cabe recordar lo que mencionaba al principio de la carga ideológica del concepto.

El ahorro no es ni bueno ni malo, es lo que sucede cuando no consumimos, pensemos o no en un futuro uso. Eso implica desviarlo al mercado financiero, en el que el ahorrador podrá obtener una compensación. Al menos eso dice la teoría, que también dice que los tipos de interés funcionan como mecanismo de equilibrio entre oferta y demanda de ahorro. En la práctica, por muy alta que sea la compensación, si no se tienen posibilidades no se ahorra, y si se ahorra se buscan los mejores rendimientos por pura racionalidad.

Esa necesidad de fomento que nos trasladan es, en consecuencia, irracional, una parte hábito acrítico y otra ideología. El hecho de que los beneficiados sean tan pocos dice mucho del concepto en sí. Las economías familiares necesitamos el ahorro para tener cierto grado de autonomía, por lo que sería deseable que todas pudiéramos ahorrar, no sólo los afortunados (lo que tiene que ver con el volumen de los ingresos y no con los incentivos fiscales). En el otro extremo, cuando tus ingresos son tales que el ahorro es inevitable, resulta innecesario que se fomente. Lo dicho, hay que ahorrar, pero sin premios fiscales.