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El caso Pérez de los Cobos da aire a Grande-Marlaska


  • Escrito por Laura Camacho
  • Publicado en Actualidad

El aval de la Audiencia Nacional al cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos supone un alivio para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la picota por varias polémicas, algunas aún pendientes en los tribunales, como la suspensión de la repatriación a Marruecos de los cientos de menores que llegaron a Ceuta en mayo.

Aunque el caso Pérez de los Cobos no está cerrado, el respaldo judicial a la decisión de Marlaska sirve de bálsamo a su cuestionada gestión al frente de Interior, especialmente criticada por la oposición en los últimos meses, con reiteradas peticiones de que el ministro sea cesado.

La operación de retorno de menores a Marruecos, actualmente paralizada, la falsa agresión homófoba o los homenajes a etarras son algunas de las cuestiones con los que PP, VOX y Ciudadanos han puesto recientemente en la diana a Marlaska, contra quien también se vuelven a manifestar los guardias civiles este sábado.

LOS CESES EN LA GUARDIA CIVIL, LAS DOS VICTORIAS DE MARLASKA

El coronel Pérez de los Cobos, actualmente destinado en la Inspección de Armas y Explosivos, tiene intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo y seguir así el mismo camino judicial de su compañero, el también coronel y ex jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) Manuel Sánchez Corbí, al que el ministro destituyó en agosto de 2018.

El ministro firmó ambas destituciones esgrimiendo "pérdida de confianza" al tratarse de puestos de libre designación. La Audiencia Nacional da la razón a Interior y los considera legales frente a los afectados.

Corbí espera el pronunciamiento del Supremo desde hace un año mientras De los Cobos, cesado como jefe de la Comandancia de Madrid en mayo de 2020 por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones" de la Guardia Civil, en funciones de Policía Judicial, en referencia a la causa sobre la manifestación del 8M, que ya fue archivada.

A la espera de que el alto tribunal zanje estos frentes, las sentencias de la Audiencia dan la razón a Marlaska en uno de los frentes que más quebraderos le han traído desde el inicio de su mandato, sus relaciones con la Guardia Civil.

La decisión de poner al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, pieza clave del ministerio, a un policía cuando ese puesto lo había asumido un guardia civil fue el primer paso que molestó a los mandos del instituto armado, contrariados también con la "bronca" que aseguran Marlaska les echó a los servicios de Información a cuenta de la operación contra miembros de los CDR.

LOS OTROS CHARCOS QUE SALPICAN AL MINISTRO

Pero hay otros "charcos" que siguen salpicando a Marlaska, con un 4,1 de nota en el último barómetro del CIS de julio y que le otorga la sexta posición junto con el ministro de CUltura y Deportes, Miquel Iceta.

Uno de los episodios más críticos y que también se dilucida en la justicia ha cumplido un mes: la repatriación de cientos de menores que llegaron a Ceuta en mayo. La operación de "retorno asistido", en palabras de Marlaska, duró apenas 48 horas a mediados de agosto. La avalancha de críticas y las denuncias de ONG, unidas a Fiscalía, propiciaron la paralización del proceso.

El ministro defendió la legalidad del retorno, con el que se primaba el interés superior del menor, pero también descargó su responsabilidad al afirmar que desde su departamento no se había dado la orden de emprender las devoluciones.

Una tesis que la Audiencia Nacional rechazó al entender que esa comunicación sí sirvió a las autoridades de la Ciudad Autónoma para poner en marcha el retorno. El caso está en este tribunal y también en un juzgado de Ceuta que recaba todos los expedientes de los menores.

Y por otro juzgado, esta vez de Madrid, han pasado este viernes seis policías nacionales para declarar sobre su entrada por la fuerza y sin orden judicial en un piso turístico de la capital donde se celebraba una fiesta en marzo y que con las restricciones sanitarias de reuniones en domicilio no estaba permitida.

La intervención de los agentes se hizo viral al ser grabada; el inquilino presentó querella por allanamiento de morada contra los policías por protagonizar la conocida popularmente "patada en la puerta".

En medio del debate mediático, el ministro defendió la actuación de los agentes y aseguró que un inmueble utilizado "únicamente y exclusivamente" para la realización de fiestas ilegales no puede ser considerado morada, pues la finalidad de este concepto está ligada a la "intimidad plena" del individuo.