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Javier García Fernández

Subsecretario de Cultura y Deporte, Director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar en el Ministerio de Defensa, Subdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Secretario General Técnico de los Ministerios de Vivienda, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Delegado de España en la primera reunión Intergubernamental de expertos sobre el anteproyecto de convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, organizada por la UNESCO, en los años 2002 y 2003.

Fue fundador y director del anuario Patrimonio Cultural y Derecho desde 1997. Hasta la fecha ha sido también vicepresidente de Hispania Nostra, Asociación para la defensa y promoción del Patrimonio Histórico.

La judicialización de la política

Para oponerse al actual procedimiento de elección del Consejo General del Poder Judicial, las tres derechas en presencia (política, judicial y mediática) invocan una supuesta politización de la Justicia como si una elección de los Vocales judiciales, atribuida sólo al propio personal judicial, viniera a despolitizar la propia elección. Si se habla de asociaciones conservadoras y progresistas, ¿cómo va a ser la elección sino totalmente politizada? Pero, en realidad, en los últimos años, coincidiendo con los Gobiernos del Presidente Sánchez, estamos asistiendo al fenómeno contrario: no hay politización de la Justicia, sino judicialización de la política.

La semana fantástica del Partido Popular

La sucesión de actos de la itinerante convención del Partido Popular, que han concluido con un mitin en la plaza de toros de Valencia, supone para algunos la confirmación de un giro político de gran trascendencia. ¿Por qué Casado ha impulsado esta especie de “semana fantástica” donde, como unos conocidos grandes almacenes, se ha lanzado a vender mercancías a precios rebajados?

Un congreso para afianzar la acción del gobierno

Para los clásicos de la Ciencia Política, los partidos cumplen varias funciones, entre las que hay que destacar el reclutamiento y la formación del personal político, la agregación de demandas sociales, la comunicación entre gobernantes y gobernados y el encuadramiento de preferencias electorales (por todos, Josep Maria Vallès: Ciencia política. Una introducción, Barcelona, 2010, 8ª ed., págs. 369-371). En esa interrelación con la sociedad, la acción política de los partidos tiene efectos tangibles o irrelevantes para la propia sociedad y para franjas específicas de la misma. Para que esa acción política no sea irrelevante, es necesario que el partido, como organización, actúe eficazmente sin lastres internos. Y el momento en que se plasma la disposición de los partidos para una acción política eficaz es el de la celebración de sus congresos nacionales, cada varios años.

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Persiste la utilización política del poder judicial

En las dos últimas semanas se han ido produciendo noticias relacionadas con el Poder Judicial que refuerzan una idea que va calando en la opinión pública: que la derecha política y la derecha judicial, en santa alianza, están utilizando ese poder para alcanzar objetivos políticos que no podrían conseguir a través de procedimientos democráticos. Esos objetivos políticos son: para la derecha política, controlar el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores, tanto para obtener la confirmación judicial de algunas de sus políticas, como proteger al número creciente de eminentes militantes del Partido Popular que van siendo imputados por problemas de corrupción; para la derecha judicial, controlar el Consejo General del Poder Judicial es disponer de una plataforma para repartir los cargos judiciales, para que se perciba que afiliarse a las asociaciones conservadoras (que actúan como verdaderos sindicatos de clase) es rentable y también para cortar el paso al Gobierno y al Parlamento en la gestión del Poder Judicial; y ambas derechas, de consuno, para debilitar al Gobierno al que consideran ilegítimo.

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De Hans Kelsen a Carl Schmitt

Recientemente señalábamos en esta sección que la política del Partido Popular se aleja mucho, actualmente, de la noción de democracia pluralista que describió el jurista austríaco Hans Kelsen en Esencia y valor de la democracia; alejamiento tan notable que nos obligaba a apuntar que el Partido Popular y su Presidente, Pablo Casado, están infringiendo la Constitución, cuyos principios y valores se basan también en la democracia pluralista, y no casan, por ende, con el intento de Casado de deslegitimar al Gobierno y sacar del campo político democrático al propio PSOE y a su Presidente, Pedro Sánchez (Javier García Fernández: “La deslealtad constitucional de Pablo Casado y del Partido Popular o su falta de sentido del Estado”, Sistema Digital, 1 de septiembre de 2021).

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La vulneración de la constitución por el partido popular: ahora los órganos constitucionales, más adelante, ¿los derechos fundamentales o las comunidades autónomas?

La inauguración del año judicial ha vuelto a sacar a debate la negativa del Partido Popular a renovar el Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ), aunque, en realidad, se trata de no renovar este Consejo, más el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

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La deslealtad constitucional de Pablo Casado y el Partido Popular o su falta de sentido de Estado

Aunque Hans Kelsen es conocido por su Teoría Pura del Derecho con la que pretendía excluir de la Ciencia jurídica todo componente ideológico o político, también escribió muy interesantes obras sobre la dimensión política del Estado. Entre estas últimas, una obra destaca por su brillantez y al mismo tiempo por su claridad, Esencia y valor de la democracia que se publicó por vez primera en 1920 y en España en 1934. En esta obra Kelsen defiende la democracia parlamentaria que comporta admitir el principio de mayoría que, a su vez, conduce al juego de mayorías y minorías. Esta idea es, sin duda, una de las más potentes del Kelsen y un siglo después sigue caracterizando a la democracia porque significa admitir la legitimidad del adversario político, lo que conlleva, a su vez, no sólo la noción de pluralismo sino, incluso, yendo más lejos, la relatividad de los valores pues todos son valiosos y legítimos.

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Comentarios a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma

I. La contraposición limitación/suspensión de derechos fundamentales

Aunque el Tribunal Constitucional no ha publicado formalmente la sentencia sobre la declaración del estado de alarma durante el Covid-19 (y menos aún se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado) en los medios de comunicación y en las redes sociales ya se ha difundido el texto completo y también se han difundido los diversos votos particulares que disienten del fallo. Por su densidad, el texto merece analizarse con cuidado por lo que hoy sólo nos vamos a centrar en el debate conceptual que ha llevado a declarar inconstitucional el artículo 7.1 y 3 del Real Decreto de declaración, el que limitaba la libertad de circulación de los ciudadanos.

Comentartio rápido sobre la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración del estado de alarma

A comienzos de la tarde del 13 de julio el Tribunal Constitucional ha publicado un comunicado de prensa que contiene la parte dispositiva de la Sentencia que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los Diputados de Vox contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma por vez primera. Como su denominación indica, se trataba de un Decreto, susceptible en principio de ser recurrido sólo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, pero la prórroga del mismo que autorizó el Congreso de los Diputados dio a este Decreto fuerza de ley y eso explica que haya sido impugnado ante el Tribunal Constitucional, porque la disposición equivale a una Ley.

La formación del gobierno en España: nueva praxis constitucional y nueva política

Dentro del Derecho constitucional y de la Ciencia Política, la reflexión y el análisis del Gobierno es una de las materias más interesantes, porque combina sutiles conocimientos teóricos con una práctica política muy compleja. Y dentro de esa parte del Derecho constitucional que estudia el Gobierno, todo lo referente a la vida del órgano atrae mucho interés. Más interés todavía si hablamos de un Gobierno de coalición. Añádase que el Gobierno es un órgano muy mal regulado en todas las Constituciones democráticas, pues en estas encontramos pocos artículos que disciplinan al Gobierno, frente a la extensa regulación que reciben los Parlamentos o la Jefatura del Estado.

¿Serà posible el diálogo?

La reunión del Presidente del Gobierno con el de la Generalidad de Cataluña ha provocado reacciones contrapuestas en los medios políticos. La contraposición ha empezado por la explicación posterior de la propia reunión, pues, como se ha dicho en algún medio, la versión de la reunión que dieron la Ministra Portavoz y el Presidente Aragonès era tan distinta que parecía que hablaban de dos reuniones distintas.

Pablo Casado tiene un problema

La referencia al Rey en el discurso de Díaz Ayuso en la plaza de Colón de Madrid puede parecer, según el grado de benevolencia con que se mire a la Presidenta madrileña, expresión de ignorancia jurídico-política, simple truco para que se hable de ella durante varios días o, lo que es peor, una manifestación de los deseos de manipular al Jefe del Estado en beneficio de la extrema derecha que Díaz Ayuso empieza a representar. Añadamos el juego de disculpas y desmentidos en que la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha incurrido y, con ella, el propio Casado y la sensación es preocupante.

Indultos y convivencia política

La intención, anunciada por distintos miembros del Gobierno, de conceder el indulto a los condenados por la rebelión secesionista catalana, ha provocado un seísmo político que merece comentarse. Veamos en primer lugar el régimen jurídico del derecho de gracia; en segundo lugar, el origen político de la situación que dio lugar a que ahora se plantee el indulto; en tercer lugar, los fines que se persiguen con el indulto; y, en cuarto lugar, los previsibles efectos políticos en los partidos nacionales y en el resto de España.

El Partido Popular se apoya en sondeos dudosos para pedir elecciones

La legislatura 1993-1996 se inició con la decepción de José María Aznar cuando creía que vencería al PSOE. El Partido Popular ideó la consigna “Váyase, señor González” y hasta pactó con Julio Anguita presentar conjuntamente en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en donde se pedía al Presidente del Gobierno que disolviera las Cortes y convocara nuevas elecciones, intentando así que el Congreso de los Diputados vulnerara la prerrogativa del Presidente del Gobierno de disolver las Cámaras y convocar nuevas elecciones que establece el artículo 115 de la Constitución.

La crisis de Ceuta y la fragilidad geoestratégica de las democracias

La crisis de Ceuta puede provocar reflexiones de muchos tipos y en este artículo vamos a tratar de presentar algunas primeras ideas. En primer lugar, una de las ideas que pueden aparecer con más fuerza es la de fragilidad geoestratégica de las democracias frente a los regímenes autoritarios. Ante una supuesta ofensa de España por acoger a Brahim Ghali, Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y Secretario General del Frente Polisario (sobre lo que luego hablaremos), el Gobierno de un país democrático (como lo son casi todos los Estados miembros de la Unión Europea) habría utilizado los instrumentos diplomáticos usuales para mostrar su malestar.

Cataluña, un buque a la deriva

El proceso de formación de Gobierno en Cataluña, como era de esperar, se está haciendo difícil y a estas alturas del mes de mayo no se sabe si llegará a ser elegido un Presidente de la Generalidad o, por el contrario, habrán de repetirse las elecciones que se convocarían automáticamente el 26 de mayo.

Unas elecciones que no cambian nada en Madrid

Entre los gritos de triunfo de la derecha y la decepción de algunas izquierdas (incluso Iglesias Turrión dice que abandona la política), el análisis de los resultados de las elecciones autonómicas madrileñas está saliendo de la frialdad que exigen las Ciencias Sociales para introducirse en el campo de las emociones políticas. Vamos a intentar examinar con frialdad algunos de los puntos más relevantes que explican estas elecciones.

La extrema derecha siempre vuelve al lugar del crimen

El asentamiento de la democracia representativa en Europa a partir del final de la Primera Guerra Europea (Constituciones alemana y finlandesa de 1919, austriaca y checoslovaca de 1920, polaca de 1921 y, tardíamente, española de 1931), fue acompañado de un fenómeno que no se había dado hasta entonces, la aparición de movimientos de masas de extrema derecha con la vocación declarada de destruir la recién nacida democracia representativa.

Trumpismo castizo

Aunque desalojado del poder político, Trump constituye un interesante y a la vez preocupante fenómeno político. Es interesante y preocupante porque combina políticas ultrareaccionarias (que en principio perjudican a las clases populares) con un sorprendente apoyo electoral de esas mismas clases populares perjudicadas por la política del ex Presidente. Los 72.654.155 votos que obtuvo Trump en 2020 (casi diez millones más que en 2016 a pesar de las medidas que adoptó contra las clases populares) obligan a reflexionar sobre ese extraño fenómeno de alienación de franjas amplísimas de la población trabajadora y más desposeída. No es que sea un fenómeno novísimo, pues el fascismo italiano tuvo en sus orígenes cierto apoyo popular, el nacionalsocialismo ganó elecciones en Alemania y aún hoy el apoyo que ha alcanzado Marine Le Pen en Francia parece hundir sus raíces en la clase trabajadora que antaño votaba al Partido Comunista.

Las asociaciones judiciales también imitan a Antonio Pérez

Las asociaciones judiciales españolas de derechas (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente), que actúan en la práctica como sindicatos, han enviado cartas a las instituciones comunitarias, concretamente a la Vicepresidenta de la Unión para Valores y Transparencia y al Comisario de Justicia, para denunciar que la última reforma legislativa española en materia judicial (la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular la actuación del Consejo General del Poder Judicial en funciones) pone en riesgo del Estado de Derecho, porque limita las atribuciones del órgano de gobierno del Poder Judicial cuando ha rebasado su mandato constitucional de cinco años.

La administración española dispone de medios para hacer fente a situaciones excepcionales

La crisis social, política y económica provocada por el Covid-19 está tensando las costuras de los Estados democráticos. Recordemos todos los debates sobre la prórroga del estado de alarma, las tensiones Estado – Comunidades Autónomas y, más recientemente, el debate sobre la legitimidad de los Cuerpos de Seguridad para entrar en lugares donde se están celebrando fiestas ilegales.

Díaz Ayuso es un peligro para la salud de los madrileños

Las noticias que se han difundido en el fin de semana del 27 y 28 de marzo sobre la ocupación de las vías públicas de Madrid y de las fiestas en locales de ocio y en casas particulares, nos enseñan que en la Comunidad de Madrid hay un serio problema sanitario que ha devenido en un más que serio problema político. Las noticias de El País, de La Vanguardia y de la Cadena SER del 28 de marzo no pueden ser más preocupantes: grandes masas de personas ocupando los bares y restaurantes que, tras el cierre, ocupan la vía pública y, con frecuencia acaban en viviendas particulares que, en el caso de los extranjeros, son pisos turísticos. Mientras, informa también El País, la epidemia crece en la Comunidad de Madrid alcanzando 241’12 casos por 100.000 habitantes. Todo ello para regocijo de la Presidenta Díaz Ayuso y del Alcalde Martínez Almeida.La primera dice que son turistas extranjeros atraídos por nuestros Museos que al final del día se solazan. El segundo comenta que es inevitable que salga la gente a la calle ya que los madrileños no pueden salir de su Comunidad.

La gestión ineficiente no es un valor político

La elección a la Asamblea de Madrid ya está en pleno furor. Ya conocemos los candidatos de los partidos, incluso de Ciudadanos. Algunos medios han dejado asentar una impresión poco fundada, pero que ha calado en algunos comentaristas, a saber, que la candidata del Partido Popular y Presidenta de la Comunidad, Díaz Ayuso, no sólo recogerá votos de su partido, sino también de los votantes de Ciudadanos y, por su inclinación ultraderechista, de Vox. No hay datos sociológicos que avalen esta impresión interesada, pero se deja destilar a ver si cala. Lo que sorprende es que esa impresión que otorga un victoria fácil a la Presidenta Díaz Ayuso haya podido asumirse en algunos medios de comunicación, porque la gestión de la candidata del Partido Popular ha sido tan nula, tan vacía y tan ideológica que sorprende que alguien, con independencia de sus convicciones políticas, se plantee en serio que esta señora ha de repetir Gobierno. Estas calificaciones de la gestión de Díaz Ayuso no son improperios huecos, como veremos a continuación.