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Guía para entender el trámite parlamentario para los órganos constitucionales


Después de que el PSOE y el PP hayan cerrado los nombres de los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo y de la Agencia de Protección de Datos, las Cortes inician un proceso parlamentario tasado, en el que la mayoría de los elegidos debe pasar por votaciones cualificadas en los plenos del Congreso y del Senado.

CLAVES DE LA TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA

El Tribunal Constitucional está formado por doce miembros, de los que ocho son designados la mitad por el Congreso y la otra mitad por el Senado, aunque en la actual renovación sólo han caducado cuatro consejeros pertenecientes a la cuota de la Cámara Baja.

Se trata de Enrique Arnaldo Alcubilla, Concha Espejel, Inmaculada Montalbán Huertas y Juan Ramón Sáez Valcárcel, que serán votados sólo por el Pleno del Congreso, previsto para la semana del 10 de noviembre.

En el caso del Tribunal de Cuentas, la renovación es de sus doce consejeros por lo que los seis del Congreso y los seis del Senado pactados por PSOE y PP deberán pasar por la votación de los plenos de ambas Cámaras.

De la misma forma el nombre del nuevo Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo y de la adjunta primera, María Teresa Jiménez Becerril, también deben pasar el examen de ambos plenos, primero por el del Congreso -y tras obtener mayoría cualificada y en un plazo máximo de veinte días- ser ratificados por el Senado con la misma mayoría.

Por contra, la cúpula de la Agencia Española de Protección de Datos sólo necesita el visto bueno de la Comisión de Justicia del Congreso.

...PERO ANTES DEBEN PASAR POR COMISIONES PARLAMENTARIAS

No obstante y antes de pasar por los plenos, el primer paso que deben dar los miembros propuestos para estas instituciones es comparecer en las diferentes comisiones para ser examinados por diputados y senadores que deben valorar su idoneidad.

Por la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso deberán pasar los cuatro nombres pactados para el Tribunal Constitucional, pertenecientes a la cuota del Congreso, y los seis del Tribunal de Cuentas.

Los otros seis del Tribunal de Cuentas pertenecientes al Senado acudirán a la comisión homóloga de la Cámara Alta, en la que también serán votados con una mayoría de tres quintos del número de senadores.

Por su parte, los dos miembros del Defensor del Pueblo serán llamados a la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Defensor del Pueblo mientras que la cúpula de la Agencia de Protección de Datos dará cuenta de su idoneidad sólo en la Comisión de Justicia del Congreso.

¿PUEDE HABER OTROS COMPARECIENTES QUE NO SEAN LOS PACTADOS POR PP Y PSOE?

Según los reglamentos de ambas Cámaras, todos los grupos parlamentarios pueden proponer tantos candidatos como deban ser renovados en los órganos institucionales.

Las Mesas del Congreso y del Senado son las encargadas de abrir los plazos para la presentación de candidaturas, que deberán ser presentadas por escrito en los registros de cada una de las cámaras acompañados de un currículo de cada candidato y argumentando la idoneidad del mismo.

Según esta normativa, por las diferentes comisiones podrían pasar por lo tanto otros comparecientes propuestos por otros partidos políticos, aunque tras el pacto PSOE-PP tienen nulas posibilidades de ser apoyados, por lo que todos indica que los partidos ni llegarán a registrarlos para evitar hacer pasar a profesionales de reconocido prestigio por ese trance.

LAS VOTACIONES EN LOS PLENOS DEL CONGRESO Y DEL SENADO

Para sacar adelante los nombramientos relativos al Constitucional, al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo no sirve la mayoría simple de las Cámaras, ni siquiera la mayoría absoluta -la mitad más uno- sino un apoyo cualificado de tres quintos.

La mayoría exigida supone que hace falta el voto de 210 diputados, de los 350 que componen el Congreso, así como 159 senadores de los 265 que se sientan en el hemiciclo del Senado, de ahí el obligado acuerdo entre PSOE y PP.

MANDATOS DE ESTOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES

Los doce miembros del Tribunal Constitucional son designados por un período de nueve años y cada tres años se renueva un tercio del tribunal.

En esta ocasión, con un retraso de dos años sobre la fecha en la que debía haberse producido el relevo, salen del Tribunal su presidente y su vicepresidenta, con lo que los miembros del TC tendrán que elegir a esos cargos.

La demora se traducirá en el que el mandato de quien asuma la presidencia y la vicepresidencia apenas dure un año, pues en 2022 -siempre que no haya otro bloqueo- toca renovar otro tercio del TC.

En el Tribunal de Cuentas son designados por un período de nueve años, en tanto que las presidencias tienen una vigencia de tres años, mientras que el mandato del Defensor del Pueblo y de la presidencia o dirección general de la Agencia Española de Protección de Datos tiene una duración de cinco años.

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