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La Eurocámara aprueba una ley que obligará a las grandes empresas a reducir su impacto social y ambiental


(Tiempo de lectura: 2 - 4 minutos)

El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una nueva directiva que obligará a las grandes empresas a mitigar los riesgos de sus actividades para la sostenibilidad social y medioambiental, que contempla multas de hasta el 5% de la facturación global de las infractoras.

Con 374 votos a favor, 235 en contra y 19 abstenciones, los eurodiputados dieron finalmente luz verde a una normativa que el Consejo de la Unión Europea (los países) validó en marzo pasado por mayoría cualificada (se abstuvieron nueve países) después de que Alemania, Francia e Italia expresasen reticencias sobre el texto.

La norma exige a las empresas y a sus socios, incluidos los que se encargan del suministro, la producción y la distribución, prevenir, poner fin o mitigar su impacto adverso sobre derechos humanos y medio ambiente, incluidos la esclavitud, el trabajo infantil, la explotación laboral, la pérdida de biodiversidad, la contaminación o la destrucción del patrimonio natural.

«A pesar de los cambios de última hora impuestos por el Consejo, los elementos centrales de la directiva permanecen intactos. El acuerdo establece un sólido marco obligatorio de diligencia debida, bien alineado con los estándares internacionales y con un régimen de responsabilidad revolucionario», destacó la ponente de la ley por parte del Parlamento, la eurodiputada socialdemócrata Lara Wolters.

La política liberal neerlandesa instó a los Estados miembros a que transpongan la directiva de forma rápida y adecuada y pidió a la futura Comisión Europea de la siguiente legislatura a desarrollar rápidamente directrices «sólidas, detalladas y muy necesarias para ayudar a las empresas, autoridades y partes interesadas a implementar las nuevas obligaciones de diligencia debida».

La aprobación definitiva por los colegisladores de la Unión Europea llega 11 años después de la tragedia del Rana Plaza en Dhaka (Bangladesh) el 24 de abril de 2013, que provocó la muerte de más de 1.100 trabajadores en el derrumbe del edificio de talleres textiles.

«Esta es una victoria para todos nosotros y tendrá importantes implicaciones en todo el mundo, ya que impedirá que las empresas desvíen la mirada de la miseria y la destrucción humanas muy reales. Se trata de algo más que de conducta empresarial; Se trata de valores y, quizás, sobre todo, de humanidad», subrayó Wolters.

De aplicación para las empresas y sus socios

Las normas se aplicarán a las empresas de la UE y a las matrices con más de mil trabajadores y con una facturación mundial superior a 450 millones de euros.

También será de aplicación a aquellas con acuerdos de franquicia o licencia en la UE que garanticen una identidad corporativa común con una facturación mundial superior a 80 millones de euros si al menos 22,5 millones de euros se generaron en concepto de regalías.

Afectará igualmente a aquellas empresas no pertenecientes a la UE, las empresas matrices y las empresas con acuerdos de franquicia o licencia en la UE que alcancen los mismos umbrales de facturación en el club comunitario.

Todas tendrán que integrar la diligencia debida en sus políticas, realizar inversiones relacionadas, buscar garantías contractuales de sus socios, mejorar su plan de negocios o brindar apoyo a los socios comerciales pequeños y medianos para garantizar que cumplan con nuevas obligaciones.

Además, la empresas tendrán que adoptar un plan de transición para hacer que su modelo de negocio sea compatible con el límite de calentamiento global de 1,5°C establecido por el Acuerdo de París.

Multas e indemnizaciones

Una vez en vigor, los Estados miembros deberán proporcionar a las empresas información detallada en línea sobre sus obligaciones de diligencia debida a través de portales prácticos que contengan las orientaciones de la Comisión.

También crearán o designarán una autoridad supervisora ​​para investigar e imponer sanciones a las empresas que incumplan, que podrán llegar hasta el 5% de la facturación neta mundial de las empresas.

Bruselas deberá crear la Red Europea de Autoridades de Supervisión para apoyar la cooperación y permitir el intercambio de mejores prácticas.

Las empresas serán responsables de los daños causados ​​por el incumplimiento de sus obligaciones de diligencia debida y tendrán que indemnizar íntegramente a sus víctimas.

 

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