El Supremo revisa el procesamiento de Carles Puigdemont por delito de malversación tras la reforma penal

En concreto, se trata de una vista para resolver los recursos de apelación de Puigdemont y de los exconsellers Antonio Comín y Lluis Puig contra la decisión de mantener su procesamiento, acordada por el magistrado del Supremo, Pablo Llarena.

El instructor defiende que las consecuencias de la reforma penal para los huidos es que se mantiene el procesamiento de Puigdemont, Comín y Puig por el delito de malversación descartando que los hechos encajen en el tipo atenuado planteado en la reforma, mientras que los hechos referidos al derogado delito de sedición sólo encajan ahora en el delito de desobediencia.

En ese sentido, el juez rechazó la alegación de la Fiscalía y Abogacía del Estado de que debería aplicarse el nuevo delito de desórdenes públicos agravados a los acusados por sedición.

Alegaciones de las defensas

En la vista intervendrán las defensas, que expondrán sus alegaciones ante el fallo de Llarena, así como la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox, que impugnaron los recursos de apelación.

En su recurso, Carles Puigdemont pide al Supremo que anule la orden nacional para su detención e ingreso en prisión y alega que no malversó el 1-O, por lo que cree que la causa en su contra es una “persecución” que busca apartarle de la actividad política.

La defensa del expresidente catalán sostiene que no existe “sospecha razonable alguna” de que Puigdemont haya cometido un delito castigado con pena de cárcel, como el de malversación, por lo que “es evidente que no es posible dictar” una orden de detención e ingreso en prisión en su contra.