El Senado reactiva la tramitación de la ley trans y la reforma del aborto

La Comisión de Igualdad de la Cámara Alta estudiará ambos proyectos, los vetos presentados por el PP y por Vox y los centenares de enmiendas registradas con el fin de que las dos leyes queden listas para el debate en pleno la próxima semana.

La reforma del aborto busca garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y eliminar la necesidad de que las menores de 16 y 17 años cuenten con permiso paterno, exigencia que introdujo el PP en 2015.

Entre las enmiendas planteadas, destaca la propuesta del PSOE a sus socios para "blindar" el derecho a la interrupción del embarazo y evitar iniciativas como las lideradas por Vox en Castilla y León, garantizando que la mujer que desee abortar recibirá solo la información clínica imprescindible y pertinente y que se evitarán prácticas alejadas de la evidencia científica.

Junto a los vetos del PP y Vox, que piden que no se siga tramitando el proyecto de reforma por "innecesario" y "precipitado", entre otros motivos, los grupos han presentado 186 enmiendas parciales.

Populares y Vox rechazan también de plano el proyecto de ley trans, que llegó al Senado después de recibir el visto bueno del Congreso el pasado 22 diciembre y tras abrir grietas en el PSOE y en el movimiento feminista.

La norma fue aprobada sin la enmienda del PSOE que enfrentó a los socios de Gobierno y que pedía que los menores de 16 contaran con una autorización judicial para cambiar de sexo en el registro, propuesta que los socialistas no vuelven a plantear en la Cámara Alta.

Se han registrado 249 enmiendas al proyecto, entre las que se encuentran varias registradas de forma conjunta por ERC, EH-Bildu, el PNV, el grupo de Izquierda Confederal y Junts para, entre otras cosas, garantizar que la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud cubra "los distintos tratamientos necesarios relacionados con los procesos de transición".

Reclaman también derechos para las personas no binarias -que no se identifican ni como mujeres ni como hombres- y piden que puedan dejar en blanco la mención relativa del sexo en los documentos oficiales, al igual que las intersexuales.

El texto reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el registro a partir de los 16 años. Los menores de entre 16 y 14 años tendrán que estar asistidos por sus padres o tutores, y solo será necesaria la intervención de un juez para el cambio registral cuando tengan entre 14 y 12 años.